Más de 30 millones de euros al año, la atención de más de 700 enfermos y la gestión de más de 800 trabajadores. Son las cifras generales que asumirá la Junta de Extremadura a partir del 30 de junio, fecha prevista para el traspaso de los hospitales psiquiátricos de Mérida y Plasencia de las diputaciones provinciales a la Administración regional. Ayer se dio el primer paso para ello con la puesta en marcha de dos comisiones mixtas que abordarán ese cambio de gestión y que valorará los medios personales, económicos y materiales del servicio, y el coste de esas transferencias. El objetivo primordial es mejorar la atención de los pacientes, además de mantener, al menos, las actuales remuneraciones de los trabajadores, según explicó ayer la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, una cuestión esta última que preocupa a los sindicatos, al desconocer si la gestión será íntegra del SES, como pretenden, o de la Junta, algo que aún no se ha aclarado.

Mejuto firmó ayer en Mérida los convenios para la constitución de estas comisiones con los presidentes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz, Juan Andrés Tovar y Valentín Cortés, respectivamente. Cada comisión deberá elaborar una propuesta de traspaso que será elevada al Gobierno regional para su aprobación mediante un decreto.

Con esta transferencia, Sanidad completa ya todas las competencias en la materia.

MAS DINERO A LOS PUEBLOS Serán estas comisiones las que establezcan el coste definitivo de las transferencias. Sin embargo, Cortés y Tovar facilitaron algunos datos indicativos de lo que va a suponer ese traspaso para la Junta. Así, en la actualidad, el hospital psiquiátrico de Mérida trata al año a 350 pacientes, atendidos por 420 trabajadores y supone un coste anual para la Diputación de Badajoz de entre 17 y 18 millones de euros anuales. Además, el Complejo Sanitario Provincial de Plasencia atiende a unas 400 personas al año con otros tantos profesionales, y su gestión merma 15 millones al año a la diputación cacereña.

Este traspaso va a suponer un alivio económico para las diputaciones, ya que la gestión de estos centros son "competencias impropias que tenemos", aseguró Tovar, que reiteró que la Junta "está más capacitada para gestionar y atender mejor a este tipo de enfermos". De la misma opinión es Cortés, para el que ese cambio "es una buena noticia y el principio del fin para nosotros". Ahora se podrán destinar esas cantidades a mejorar las infraestructuras de los municipios, sobre todo de los más pequeños, que es a lo que deben dedicarse las diputaciones, indicó.

El traspaso incluye los actuales edificios. La intención de Sanidad es erradicarlos paulatinamente. Pretende que el 25% de los pacientes agudos sean trasladados en nuevas unidades hospitalarias; que el 25% de los enfermos crónicos sean atendidos en centros residenciales, mientras que los demás pacientes, que pueden llevar una vida más o menos normal, sean reinsertados en centros especiales o pisos tutelados.