La llegada del PP al Gobierno extremeño va a suponer una importante transformación de todo el entramado público extremeño. En repetidas ocasiones, José Antonio Monago ha insistido en que reducirá el número de consejerías de las once actuales (incluidas las dos vicepresidencias) a siete. También que dejará en la mitad el número de los altos cargos y de libre designación y que habrá menos entes públicos. Los cambios no solo serán cuantitativos. También variarán los equilibrios de poder en numerosas instituciones, desde Feval a las cajas de ahorros, y es más que probable que haya relevos en los puestos directivos de entidades públicas.
Pero, ¿qué sucederá con los que hasta ahora han desempeñado las tareas de Gobierno en Extremadura? Por lo pronto, el todavía presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, adelantó a finales de mayo que ya tenía "preparado un papel para firmar la solicitud" de su vuelta a la plaza de médico forense si IU decidía abstenerse en la investidura.
Vara no es el único miembro de su equipo de gobierno que tiene ganada una plaza como empleado público. El responsable de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan María Vázquez, o el de Administración Pública y Hacienda, Angel Franco, también son funcionarios. Otros consejeros están más vinculados al ámbito empresarial, como sucede con la vicepresidenta Segunda y responsable de Economía, María Dolores Aguilar, que ha desarrollado su actividad empresarial en el sector de las investigaciones sociológicas y de mercado, o el de José Luis Navarro, titular de Industria, que es director técnico de Arram Consultores.
Aparte de los consejeros, también son altos cargos o puestos de libre designación los secretarios generales, los directores generales y los jefes de servicio. Si se cumplen los planes de austeridad anunciados por Monago su número se verá sensiblemente reducido. A día de hoy, según datos facilitados por el sindicato CSI-F, en el organigrama de la Junta hay en total 13 secretarios generales, 48 directores generales y unos 200 jefes de servicio. "Todos, aunque sean funcionarios, cesan en cuanto lo hace el cargo que les ha nombrado", señala José Fernández, presidente de CSI-F Extremadura.
De esta forma, si el empleado público no es ratificado en su anterior puesto, pasará a desempeñar otras tareas en la Administración autonómica. Y es aquí donde Fernández lamenta que aún no se haya derogado una orden de julio de 1998 por la que, si estos funcionarios acreditan más de dos años de servicios efectivos e ininterrumpidos en ese o similar puesto de libre designación, una vez que cesan, "tendrán que buscarles puestos con similares características y con las mismas retribuciones". El nuevo empleo debe tener un complemento de destino acorde con el grado personal que tenga reconocido y debe estar situado en la misma localidad del puesto anterior.
Con la llegada del nuevo Gobierno también cesará el personal de confianza como asesores, jefes de gabinete o secretarios y quedará en el aire la continuidad de los responsables de las diferentes empresas públicas autonómicas, como la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX) o Extremadura Avante (la antigua Sofiex). Igualmente, podrán cambiar los puestos directivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) o los de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma), entre otros.
Mención aparte merecen las cajas de ahorros. Las dos extremeñas renovarán este año la mitad de sus órganos de Gobierno, que están integrados por representantes de las entidades fundadoras, los trabajadores, los impositores y las corporaciones municipales. La llegada del PP al Gobierno de la Junta y a varias de las alcaldías con representación en las cajas también tendrá efectos, sin duda, en los equilibrios de poder de estas entidades.
