La (pen)última temporada del serial del proceso secesionista ha adoptado en las últimas 48 horas tintes a medio camino entre el melodrama y el vodevil. Entre el domingo y ayer, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cinco de sus exconsejeros se desplazaron en coche hasta el aeropuerto de Marsella, donde tomaron un vuelo con destino a Bruselas. Nada de esto sería reseñable si no fuera porque ninguna fuente oficial ha confirmado cuáles son las intenciones de los seis exmiembros de la Generalitat en Bélgica, algo que supuestamente aclararán hoy en una comparecencia pública desde no se sabe exactamente dónde. Y porque el expresidente está siendo asesorado por el abogado de ETA en Bélgica, Paul Beckaert.
Algunas fuentes han asegurado que tienen previsto solicitar asilo político, pero este extremo no le consta ni al Gobierno español ni a las autoridades belgas. Un episodio que se hace más intrigante si cabe al haberse producido el día en que el fiscal del Estado ha puesto en marcha la maquinaria para investigar a todo el recién depuesto Gobierno por rebelión, sedición y malversación, tres delitos que pueden desembocar entre rejas. Cara a esa querella múltiple, el gesto de Puigdemont y sus exconsejeros les puede perjudicar a la hora de considerar riesgo de fuga, una de las circunstancias que justifican la prisión preventiva incondicional.
EN UN LUGAR TRANQUILO / Puigdemont se encuentra en un «tranquilo» de Bélgica, según fuentes conocedoras, y con él están dos exconsejeros del PDECat, Joaquim Forn (Interior) y Meritxell Borràs (Gobernación), y tres de ERC, Dolors Bassa (Trabajo), Toni Comín (Salud) y Meritxell Serret (Agricultura). Muy pocos sabían del viaje, como lo demuestra el hecho de que, al inicio de la reunión de la ejecutiva del PDECat, la coordinadora del partido, Marta Pascal, anunciara que el expresidente «llegaría más tarde», según explicaba un dirigente presente en la reunión, informa Fidel Masreal.
Pero Puigdemont no llegó, para mayúsculo desconcierto de su propia formación, cuyo sector moderado teme que la imagen de «huida» que está dando solo sirva para alimentar al ala más radical del independentismo, alicaída desde el golpe de efecto de Mariano Rajoy con su convocatoria electoral exprés. Lo cierto es que, según fuentes del PDECat, el diputado en el Congreso Jordi Xuclà dejó caer días atrás en una reunión interna del partido que el Gobierno catalán estaba valorando la posibilidad de exiliarse. Esta opción ha sido jaleada ya por algún diputado de Junts pel Sí, como Lluís Llach, y por la CUP, pero un gesto de esta naturaleza contrastaría sobremanera con la decisión de ERC y el PDECat de concurrir a las elecciones del 21-D pese a haber sido impuestas desde Madrid.
El ya exdelegado de la Generalitat en Bruselas, Amadeu Altafaj, podría haber organizado el desplazamiento de Puigdemont a pesar de que ha acatado su cese en una carta que publicado este lunes. Altafaj, contactado por este diario, no ha confirmado el información y ha añadido que él no está acompañando a Puigdemont en Bélgica. El abogado del expresidente, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado que se reunió con él el domingo, pero que ignora a qué puede haber ido a Bruselas, informa Jesús G. Albalat.
Cualquier ciudadano europeo que lo desee puede presentar una demanda de asilo en Bélgica, aunque las posibilidades reales de obtener algún estatus de protección especial son remotas. Para empezar, porque la adhesión de un Estado miembro a la UE implica que se le presupone como un país seguro, y porque abriría una brecha diplomática y política sin precedentes entre dos países del club.
Según la legislación comunitaria, los Estados miembros solo pueden examinar demandas de otros europeos en unas circunstancias muy concretas. Bélgica, no obstante, se reservó en 1997 la posibilidad de examinar de forma individualizada cualquier demanda cursada por un nacional de otro Estado miembro. Es decir, Puigdemont sí tendría derecho a que un juez belga examinara su petición si decidiera cursarla.
LA CARGA DE PRUEBA / En tal caso, se haría a través de un procedimiento acelerado, en un plazo de cinco días, y el expresident tendría la carga de la prueba. Es decir, debería justificar y probar ante el comisario general de asilo que en su situación personal tiene motivos fundados para temer una persecución en su país de origen o que se enfrenta a un riesgo real de sufrir un daño grave en caso de regresar a España.
El Gobierno belga se ha desmarcado del viaje, que se produce también un día después de que el secretario de inmigración del Ejecutivo belga se mostrara abierto a ofrecer asilo a Puigdemont, propuesta por la que fue desautorizado por el primer ministro del país, Charles Michel. Un portavoz del Gobierno español dijo que «en este momento» no existe ninguna restricción de movimientos de Puigdemont y sus exconsejeros. «Su situación actual está fuera de nuestro ámbito de actuación», concluyó. Fuentes de Interior aseguraron que no les «preocupa» el viaje de Puigdemont, informa Pilar Santos.
