Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos de Extremadura cargan con 9,2 millones de euros anuales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas sin cobrar, lo que supone una carga muy gravosa debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis. Según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra se eleva en España a casi 800 millones de euros. Extremadura es la tercera comunidad con menor volumen de IVA pendiente de cobro, solo por detrás de Cantabria (5,3 millones) y La Rioja (6,7 millones). Por provincias, Badajoz está pendiente de cobrar 7 millones de euros en concepto de IVA, mientras que en Cáceres estos impagos alcanzan los 2,3 millones.

En la actualidad, los autónomos y pequeños empresarios deben ingresar a la hacienda pública el IVA de las facturas emitidas que aún no han cobrado y que incluso no cobrarán. De ahí que para mejorar la liquidez de estas empresas, los técnicos de Hacienda propongan, en consonancia con algunas enmiendas al proyecto de Ley de Economía Sostenible, modificar el actual sistema de devengo para retrasarlo hasta el momento del cobro de la factura.

Según la normativa española del IVA, el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro. En caso de morosidad, se puede solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria; o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.

Los técnicos de Hacienda proponen la aplicación inmediata de la directiva del Consejo Europeo aprobada en julio que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago. Además, solicitan la generalización de las auditorías de las cuentas anuales a todos los entes públicos, y mejorar la lucha contra la economía sumergida que, a su juicio, representa en España el 23% del PIB, lo que supone unos 240.000 millones anuales.