"Los vecinos de Navalvillar de Ibor quieren ser ciudadanos y no siervos". Con este titular se hizo eco EL PERIODICO EXTREMADURA de la movilización de los habitantes de este municipio tras conocerse, a finales de marzo de 1990, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) paralizaba la expropiación de la finca Valle de Ibor y Trasierra, al igual que ocurrió en esa misma época con el mismo proceso referente a las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja, explotadas por agricultores de Zahínos.

Del noreste al suroeste de la región, los dos pueblos se vieron hermanados por una triste causa: la puesta en entredicho de los procesos iniciados para hacerles dueños de las tierras que trabajaban y en las que cuidaban sus ganados. Los periódicos se hicieron amplio eco de sus casos y recogieron en sus páginas cómo algunos agricultores llegaron incluso a ocupar simbólicamente las fincas que los tribunales les negaban.

El de las expropiaciones fue un tema recurrente en los medios en su etapa inicial: desde mediados de los 80 hasta principios de los 90. Después, algunos procesos judiciales, como el que llevó a la definición del justiprecio de las fincas de Cabra Alta y Cabra Baja se prolongaron durante años, reduciéndose con el tiempo el interés despertado por los mismos, si bien se fue dando noticia de su evolución.

En el caso de las polémicas fincas del Ducado de Alba, el asunto adquirió especial interés por tratarse de unos propietarios muy conocidos a los que el Gobierno regional se enfrentó directamente. Así lo demuestra otro de los titulares del PERIODICO en aquella época: "El duque de Alba e Ibarra se tiraron los trastos en un debate en la radio". Más gráfico y directo, difícil.