Ramón Díaz Farias PRESIDENTE DE FEMPEX: "No es adecuado subir más la presión fiscal al ciudadano"

TRAYECTORIA POLITICA ES ALCALDE DE VILLANUEVA DEL FRESNO, POR EL PSOE, DESDE 2003. PRESIDE LA FEDERACION EXTREMEÑA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DESDE EL 2007.

AFICIONES FUTBOL, PESCA, CINE Y MUSICA (SOBRE TODO CANTAUTORES COMO SERRAT O ISMAEL SERRANO).

--¿Cuál es la situación económica actual de los ayuntamientos extremeños?

--Es difícil y complicada, pero no más que en otras administraciones públicas. No somos ajenos a la crisis y la sufrimos como todo el mundo. El problema es que la financiación local no responde a la realidad, a las competencias y servicios que prestamos y que los ciudadanos nos exigen.

Una quinta parte de nuestros ingresos son fruto de la participación en los ingresos del Estado y al caer éstos han caído nuestros ingresos. Y el 54% son tributos propios, que se han visto muy mermados con la crisis.

--¿Hay algún ayuntamiento al borde de la quiebra?

--Desconocemos la situación de cada ayuntamiento. Hay casos aislados, como el de Jerez, donde hubo impagos a los empleados, pero eso no suele ocurrir. Los ayuntamientos estamos obligados por ley a la estabilidad presupuestaria y tenemos que ajustar los gastos a los ingresos. En Andalucía sí ha habido situaciones graves con ayuntamientos que han tenido que aplicar expedientes de regulación de empleo (ERE), pero aquí eso no se ha dado.

--¿Han tenido que dejar de prestar algún servicio?

--Cada ayuntamiento ha echado sus cuentas, pero los servicios básicos no se han visto afectados: ayuda a domicilio, guardería...

--¿No era previsible una caída de los ingresos tributarios locales si la economía se tambaleaba?

--Desde que entró en vigor el actual sistema de financiación, en 2003, reclamamos más justicia en la participación de los ingresos del Estado. Ese es el problema, el reparto. Se realiza básicamente en función del número de habitantes, lo que supone que los ayuntamientos con más de un millón de habitantes perciben una media de 439 euros per cápita ; los de más de 100.000, 202 euros; y los de menos de 5.000, que somos la mayoría, apenas 144 euros. Eso nos obliga a depender de la cofinanciación, porque si solo recurrimos a las aportaciones de los ciudadanos tendríamos que dejar de prestar esos servicios.

--¿Qué reforma piden?

--Un mejor reparto de los ingresos del Estado y profundizar en la autonomía fiscal, puesto que hay tributos, como el IBI, que vienen fijados por el Ministerio de Economía. Eso origina problemas, porque, por ejemplo, el valor catastral de una hectárea de terreno puede estar hoy hasta 10 veces por debajo de su valor real. Con más autonomía podríamos evitar ese desfase y conseguir que los ciudadanos tributen por el valor real de las propiedades.

Por otra parte, el nuevo Estatuto de Autonomía mejorará nuestra participación en los ingresos de la comunidad autónoma.

--¿Prefieren que les delimiten las competencias que les corresponden o que les aporten más dinero por prestar las que deberían asumir Estado o Junta?

--La clave es definir las competencias que debe desarrollar cada administración. Y en eso estamos con el Pacto Local de Extremadura. Hoy un tercio del gasto de los ayuntamientos lo originan competencias impropias que prestamos por demanda de nuestros vecinos, vacío de prestación o delegación de otras administraciones. Si delimitamos eso, podríamos acceder a un sistema de financiación más justo y equitativo. En el fondo se trata de determinar cuál es la administración que puede prestar cada servicio con el menor coste, la mayor eficacia y más cercanía y calidad. Puede ser un cambio de cromos pero aún no hay nada definido.

--¿Cuándo se retomará la revisión del modelo?

--Primero se va a sacar adelante la Ley de Gobierno Local, que delimitará muchas de las competencias que deben prestar los ayuntamientos. Luego, la situación sigue siendo complicada para retomar la negociación sobre la ley de financiación local, pero seguimos pidiendo más pasos y gestos para recibir el dinero suficiente para poder prestar nuestros servicios.

--¿Fue un fracaso no ligar este proceso a la revisión de la financiación autonómica?

--Lo pedimos y exigimos, que fueran en paralelo y de forma simultánea. No comprendemos por qué no se hizo. Para nosotros es doloroso que cuando el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España habla sea menos escuchado que cuando lo hace cualquier presidente autonómico, cuando son las comunidades las que incumplen parte del principio de participación en la distribución de los recursos. En Extremadura tenemos el ejemplo: el Fondo de Cooperación Municipal no está establecido por ley, sino que es a capricho de la Junta que, si quiere, puede eliminarlo.

--¿Tienen margen de maniobra los ayuntamientos para subir sus impuestos?

--Margen hay, pero es una decisión autónoma de cada ayuntamiento. Creo que transmitir más presión fiscal al conjunto de los ciudadanos no es lo más acertado, porque ya es bastante alta. Pero dentro del margen que hay, en Extremadura estamos impulsando nuevas tasas, como la tasa por cajeros automáticos o por el uso privativo del espacio radioeléctrico por parte de las compañías de telefonía. Tenemos ese margen de seguir buscando nuevos ingresos, pero sin trasladarlo directamente al ciudadano.