El caso Lusográfica comienza a tener consecuencias políticas. El exalcalde de Olivenza, Ramón Rocha, y otros 7 concejales y exconcejales de la localidad han declarado, en calidad de imputados, en el juzgado de instrucción número 1 oliventino por presuntos delitos vinculados con la cesión de terrenos municipales a la empresa de artes gráficas, según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Los delitos que les imputa la juez que instruye el caso son prevaricación, tráfico de influencias, fraude y exacción ilegal, y un delito contra los derechos cívicos. Entre los investigados y llamados a declarar también está el edil y actual director general de Ordenación Industrial y Política Energética de la Junta de Extremadura, José Luis Andrade Piñana.
De acuerdo con una providencia del juzgado oliventino, con fecha de 24 de noviembre del 2010, trece concejales --todos con cargos en las legislaturas 1999-2003 y 2003-2007-- estaban llamados a declarar como imputados entre los días 14 y 28 del pasado mes de enero. El TSJEx aseguró que ocho de ellos han testificado ya ante la magistrada, pero no pudo precisar si los cinco restantes no lo han hecho aún, por retrasarse sus citaciones, o si han declarado y el juez ha levantado su calificación como imputados.
Los hechos que investiga la jueza están relacionados con la cesión de terreno municipal para la actividad de la empresa Lusográfica, promovida por el Grupo Lerner. Se trata de aclarar si los 13 imputados pueden haber incurrido o no en los delitos de prevaricación, tráfico de influencia y fraude y exacción ilegal en la venta de esa superficie, un total de 65.000 metros cuadrados de la finca Ramapallas. La operación se cerró en el 2001 a un precio simbólico de 400 euros, bajo una serie de compromisos que, entre otras cosas, obligaban a la empresa a realizar una inversión de 24 millones de euros en cinco años y a crear al menos 100 puestos de trabajo directos. Si en ese periodo Lusográfica no alcanzaba esas cifras, los terrenos volverían a manos del ayuntamiento.
RENUNCIA A LOS TERRENOS Sin embargo, y ésta es una de las maniobras que se investigan, en febrero del 2006 la Junta de Gobierno Local que presidía el entonces alcalde Ramón Rocha acordó renunciar a esas cláusulas, de forma que el Grupo Lerner podría seguir disponiendo de los terrenos aunque no cumpliese las condiciones inicialmente pactadas. Y así ocurrió: Lusográfica, que presentó concurso de acreedores en febrero del 2009 --justo cinco años y cuatro meses después del inicio de su actividad--, nunca tuvo una plantilla de más de 70 empleados, y la inversión se quedó por debajo de la mitad de lo acordado.
Según la denuncia presentada por el PP en 2010, el consistorio también condonó al grupo Lerner el pago de 117.000 euros en licencias municipales a cambio de que mantuviera la actividad durante cinco años. "Cuando lo normal son 20", insisten los populares. Este partido también ha pedido que se aclare por qué motivo se cedieron 65.000 metros cuadrados cuando la superficie utilizada ocupa solamente una sexta parte de ese terreno.
A esto hay que sumar el hecho de que Lusográfica recibiese ayudas públicas y se sirviese de dinero de la administración regional por valor de cerca de 10 millones de euros. En primer lugar a través de la Sociedad Pública de Fomento de Extremadura (Sofiex), dependiente de la Junta y que aportó 2,4 millones del capital social (24% del capital total). A esta entidad, de acuerdo con las estimaciones del PP, el grupo Lerner le adeuda cuatro millones de euros en concepto de beneficios no repartidos durante sus años de actividad. Asimismo recibió una subvención de 1,3 millones de euros con cargo a los fondos de incentivos regionales y la Junta incluso declaró el proyecto de interés social.
Además, el grupo no tuvo que realizar ningún tipo de desembolso de fondos propios para la construcción de las instalaciones, dado que logró un crédito hipotecario de Caja Badajoz, por valor de 3 millones de euros, para acometer ese gasto. En ese momento inicial del proyecto se daba la circunstancia de que Ramón Rocha, alcalde de Olivenza, era además miembro de la dirección de Sofiex y formaba parte del consejo de la caja de ahorros pacense.
La imputación también incluye la presunta comisión de un posible delito contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, por obstrucción permanente al derecho de información. Esta acusación se debe, según la denuncia del PP, a la obstrucción que han sufrido los concejales de su partido por parte de los equipos de Gobierno de Ramón Rocha a la hora de poder acceder a la documentación de la operación Lusográfica.
