«Obviamente estamos preocupados. No hablamos de tendencias políticas, en eso no nos metemos. Nos da igual que gobierne un partido de derecha o de izquierda, pero lo que sí queremos es que el Gobierno sea moderado y estable. Son dos requisitos fundamentales», apunta Francisco Javier Peinado, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), acerca del probable Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Además, recuerda, «el problema» es que entre ambos partidos no suman lo suficiente, por lo que van a necesitar de más apoyos tanto para conformar el nuevo Ejecutivo como para sacar adelante los presupuestos. Un soporte que habrá de venir de «los independentistas y secesionistas que quieren terminar con la unida de este país; de los nacionalistas, que históricamente sabemos que siempre han vendido muy caro su apoyo; y de esta amalgama de partidos que han salido ahora y que intentarán vender su apoyo para que haya un sobresfuerzo presupuestario a favor de sus territorios, llámense estos Cantabria, Canarias, Galicia o Teruel. Y en eso Extremadura siempre va a tener las de perder», lamenta.

Medidas que podrían aplicarse en el ámbito laboral —como una nueva subida del SMI, o cambios en la reforma laboral— o en el fiscal, con un aumento de la presión tributaria, despiertan el recelo de la patronal extremeña. Su secretario general no cree «por sentido común» que esté encima de la mesa una derogación de la reforma laboral al completo. «Sería una auténtica locura, supondría desmantelar lo que ha permitido que en la salida de la crisis España esté creciendo más que nuestros vecinos europeos, porque hemos ganado en productividad del capital humano y en competitividad de nuestras empresas», aduce. No obstante, precisa, «hay grupos políticos que han anunciado que quieren retocar» algunos aspectos de esta normativa, algo para lo que «estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Lo que sí pedimos es que lo que se vaya a cambiar de la reforma no se haga de manera unilateral, aprobando reales decretos leyes los viernes para publicarlos los sábados en el BOE. Que entre dentro del diálogo social», esgrime.

En parecidos términos se pronuncia Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, para quien «en este momento no sería entendible» que se modificasen las regulaciones que afectan al ámbito empresarial sin acordarlas previamente con este. «Sería, aparte de un error, romper la paz social», afirma.

MÁS «DAÑINO» PARA LA REGIÓN / A su juicio, cualquier iniciativa que suponga una recarga fiscal para el tejido empresarial va contra el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social». Y si hay un empeoramiento de la situación económica «sería especialmente dañino» para Extremadura. «En una recesión los más perjudicados siempre son los más débiles», argumenta. ¿Sería más deseable un acuerdo entre el PSOE y el PP? «Una coalición de partidos cercanos al centro, a derecha e izquierda, por supuesto que es lo más sensato. Pero son ellos los que se tienen que mover y dar el paso. Anteponer los intereses del país a los de unas siglas o colores. Algo que en estos ocho meses no se ha hecho», apostilla.

Jesús Espinosa, director gerente de la Cámara de Comercio de Cáceres, remarca que «Vivimos en una comunidad autónoma en la que el 99% de las empresas son pymes o micropymes, con lo que cualquier cosa que represente un incremento de sus gastos perjudica su capacidad de supervivencia». No obstante, considera «poco factible» que se acaben tomando medidas «bruscas» sin que haya un diálogo social previo.

En el terreno tributario, incide en que, «cuanta más carga tengan que soportar las empresas, más destrucción de empleo habrá», y va un paso más allá en relación a lo que debería hacer el nuevo Gobierno: «Si queremos que las empresas que hay se mantengan en nuestra comunidad y que se instalen otras, tanto de dentro como que vengan de fuera, debería tomarse como medida el tener una fiscalidad especial en Extremadura».