¿Si el PP y el PSOE se pusieron de acuerdo sobre las retribuciones de los políticos a nivel local, por qué no hacer lo mismo con el resto? Desde esta premisa y habiéndolo anunciado ya el pasado mes de noviembre --tras la polémica suscitada por la compra de un Lexus para uso como coche oficial por la vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Comercio e Innovación--, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, planteó el pasado 29 de diciembre en la Asamblea su apuesta por definir un código de buenas prácticas que regule la gestión pública en la región.

Acorde con ese punto de partida, entre las propuestas esbozadas inicialmente por el jefe del Ejecutivo extremeño están las de fijar las retribuciones de los cargos públicos --incluidas las empresas públicas-- y definir las incompatibilidades entre retribuciones para quienes desempeñen más de una actividad pública. La única posible referencia en la actualidad, la Ley de Transparencia y Código de Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega, no fija directamente las retribuciones, solo establece que deberán ser publicadas en la página web de la Xunta, y sí que establece que los miembros y altos cargos del Gobierno gallego "observarán estrictamente el régimen de incompatibilidades".

En cuanto a los márgenes para gastos (coches oficiales, teléfonos, alojamientos...), la ley gallega solo señala que los dirigentes de esta comunidad "protegerán y conservarán los recursos públicos y no los utilizarán para actividades que no sean las autorizadas". Tampoco establece criterios respecto al criterio de liberación de las instituciones públicas, ni sobre el reparto de publicidad institucional, pero sí fija los generales para las "concesiones de servicios públicos". Finalmente, resalta que los cargos públicos no deben implicarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, lo que podría entenderse como una cota a su presencia en procesos selectivos.