La Fiscalía General del Estado ha propuesto recientemente que se instalen cámaras de vigilancia en ciertos espacios educativos, como aulas y despachos, con el objetivo de combatir los crecientes casos de abusos sexuales cometidos en el entorno de los niños y adolescentes, que en un año han aumentado en un 43% en España. Pero la propuesta se ha encontrado con el rechazo del Gobierno. La ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, aseguró hace unas semanas en una entrevista que es «una medida absolutamente fuerte», una especie de «Gran Hermano permanente» que, además, no valdría para gran cosa ya que «no es precisamente en las aulas donde se producen esas agresiones».
Más allá de la postura nacional, este debate también se ha planteado en Extremadura (la última vez tras una denuncia de maltrato a una niña con autismo en un colegio cacereño) y la respuesta fue la misma. La Consejería de Educación no es partidaria de instalar sistemas de videovigilancia en los centros educativos. «Supone una falta de confianza en los profesionales de la educación», aseguraba hace un año.
