Tres de cada diez agricultores y ganaderos extremeños sufrirían, en mayor o menor medida, el recorte de ayudas directas propuesto por la comisaria Mariann Fischer y que se aplicaría entre los años 2010 al 2013.

En cambio, el 74% de los profesionales del campo de la región (unos 61.000 perceptores de ayudas de la PAC) no se verían afectados, ya que están por debajo del umbral de 5.000 euros por año de ayudas europeas que se establece como mínimo exento de rebajas. Este matiz fue dado a conocer ayer por la Unión de Pequeños Agricultores tras conocer detalles del documento elaborado por Fischer que no habían trascendido públicamente.

De los aproximadamente 61.000 agricultores extremeños que sí verían sus rentas mermadas de salir adelante la propuesta, alrededor de 150 se encontrarían en el tramo con más recorte, ya que perciben ayudas superiores a los 300.000 euros. Esto les supondría una rebaja del 45% en el cuatrienio de referencia. Otro grupo formado por en torno a 300 agricultores y empresas agrarias sufriría recortes del 25% en cuatro años al cobrar actualmente entre 200.000 y 300.000 euros de ayuda anual.

En el siguiente escalón, cerca de 1.100 agricultores tendrían rebajas del 10% en el periodo en el que se aplicaría la reforma ya que sus cobros de fondos de la PAC están entre 100.000 y 200.000 euros.

Por último, habría 19.000 agricultores y ganaderos extremeños (el 23%) a los que se les detraería el 8% de lo que les correspondiese cobrar entre el 2010 y el 2013, puesto que ahora perciben entre 5.000 y 100.000 euros.

IMPACTO EN ESPAÑA Respecto al total de agricultores y ganaderos españoles que cobran la PAC, un estudio realizado por el economista Ramón Tamames y publicado ayer en Agroprofesional señala que el 77% de los perceptores (algo más de 700.000 personas) se verían libres del recorte al cobrar menos de 5.000 euros.

Mientras, en torno al 22% (195.000) sufriría la rebaja en su grado inferior, el 8%; el 0,24% (2.200 agricultores) tendrían un recorte del 10%; el 0,04% (en torno a 400) vería mermadas las ayudas en un 25%, y el 0,3% restante (260 aproximadamente) sufriría un tijeretazo del 45%.

Por lo que se refiere al impacto económico, la reducción de ayudas restaría al campo español un total de 364 millones de euros cuando se aplicase en su escala definitiva al final del cuatrienio de referencia, lo que significa que se detraería el 8% de los casi 4.500 millones de euros que los agricultores y ganaderos de toda España cobran como ayudas de la PAC.

El planteamiento de esta reforma es que los 364 millones que se resten a los agricultores retornen como ayudas al desarrollo rural, cuestión que es rechazada por los representantes del campo, que consideran, por un lado, que se está intentando en el fondo que sean los agricultores y ganaderos que ahora cobran ayudas los que financien los costes de la ampliación de la UE a 25 miembros, en lugar de incrementar el presupuesto, y por otro lado, que el supuesto retorno de lo recortado en forma de desarrollo rural no hará recuperar renta a los agricultores ni incidirá en la mejora de sus condiciones de vida.

DIMENSIONES MINIMAS En cuanto a la otra parte de la reforma propuesta, que si bien no consta en el documento de Fischer sí fue anunciado como posibilidad por la comisaria de Agricultura, y que consiste en excluir de las ayudas de la PAC a las explotaciones que tengan menos de una hectárea (ahora el límite está en 0,3 hectáreas), el secretario regional de UPA, Ignacio Huertas, señaló que las justificaciones a la medida no se sostienen y existen muchas alternativas. Esta actuación afectaría en Extremadura a unas 13.000 explotaciones, que suman 9.000 hectáreas. Huertas tras insistir en que no se trata de una propuesta como tal incluida en la reforma, sino de una "idea" de Fischer, manifestó que podría hacer mucho daño en la región, y que no puede justificarse, como se pretende, "porque sea más costoso para la UE la burocracia de tramitación de las ayudas que lo que luego perciben realmente los agricultores" .