Para el sector del refino de combustibles, el plan nacional contempla, pese a reconocer que hay un déficit de producción en España del 16%, que se mantengan casi invariables los niveles de emisión de GEI en un 25% más que en 1990, es decir, lo que hay ahora. Esto limita la puesta en marcha de nuevos proyectos como el de Gallardo, Galp y Caja Madrid en Mérida, puesto que la planta emitiría unas 600.000 toneladas de dióxido de carbono al año, según los primeros cálculos.

En el sector siderúrgico, se fija una reducción de mas de un 4% respecto a la actual, y eso condicionará la asignación de emisiones a nuevos proyectos como la ampliación prevista por el industrial jerezano. En el caso del cemento, el descenso es más acusado, y supone un 5% menos que el actual. Con ello, se teme que la asignación de derechos de partida, aún pendiente, sea muy restrictiva, cuando la emisión de dióxido de carbono es imprescindible para el proceso productivo.