Los representantes del sector agrario extremeño están convencidos de que la Comisión Europea no ha calibrado bien cuáles pueden ser los efectos colaterales de algunas de las propuestas que ha puesto sobre la mesa en los últimos meses para reformar determinados cultivos. En sintonía con los nuevos derroteros por los que camina la Política Agrícola Común (PAC), Bruselas ha propuesto desvincular la cuantía de las ayudas al aceite de oliva de la producción real de cada explotación olivarera, lo que ha hecho saltar las alarmas en algunos representantes del sector ante el hecho de que este cambio incentive la aparición de mercados paralelos opacos al fisco y a los controles sanitarios.
La organización común de mercado (OCM) del aceite de oliva --aprobada en junio de 1998 y prorrogada posteriormente-- estableció un cupo de producción para España de 760.000 toneladas de aceite de oliva con derecho a ayuda. El mecanismo, todavía vigente, establece una subvención proporcional a la cosecha. Es decir, que a los productores les interesa declarar todo el aceite que producen y más porque así sus ingresos en concepto de ayudas comunitarias por kilo de aceite se ven incrementadas. De esta manera, toda esta producción se declara, pasa por todos los controles sanitarios y fiscales. En Extremadura existen más de 250.000 hectáreas de olivar y unos 50.000 solicitantes de ayudas en este sector.
DISOCIAR LA AYUDA Pero la situación puede cambiar si sale adelante la propuesta de la Comisión Europea, que consiste en disociar la ayuda: un 60% del dinero que se destina al sector iría a parar a manos del agricultor independientemente de cuál sea la producción de su explotación, mientras que el 40% de los recursos restantes serían repartidos por Bruselas entre los Estados miembros para que éstos, a su vez, los distribuyan a los olivareros en función de las hectáreas que posean o el número de árboles de su finca.
Luis Cortés, secretario regional de la organización agraria Coag, considera que de salir adelante esta medida supondrá "incentivar el fraude" fiscal en Extremadura, máxime cuando la propuesta de la Comisión Europea no contempla ningún elemento corrector para esta situación más allá de los propios de la inspección de Hacienda. "La UE ha hecho una reforma sin valorar las consecuencias de la misma". Extremadura, con unas 50.000 toneladas de aceite anuales, es la tercera comunidad con mayor producción, por detrás de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Al igual que ha sucedido en otros sectores, el llamado desacoplamiento de las ayudas (disociar su cuantía de la producción) obedece a las restricciones presupuestarias de la Comisión Europea y a la pretensión de ésta de no incentivar producciones excedentarias. España dispone de un cupo máximo con derecho a ayuda de 760.000 toneladas, una cantidad que en un buen año puede cosechar Andalucía.
José Cruz, de UPA-UCE, afirma que "puede generarse un mercado negro desde el momento en que no se exige declarar la producción para cobrar la ayuda". Pero Cruz limita la posibilidad de que este mercado se dispare, argumento que esgrimen los olivareros andaluces para oponerse a la finalización del sistema de ayudas a la producción. A diferencia del andaluz, el olivar extremeño (255.000 hectáreas) es de producción media-baja.
