El anteproyecto de reforma educativa presentado ayer por el Ministerio de Educación ha suscitado opiniones muy dispares en Extremadura. Así, mientras Consejería de Educación, Federación Regional de Asociaciones de Padres de Alumnos (Freapa) y UGT se muestran, en general, satisfechos, CCOO percibe algunas sombras, y CSI-CSIF y ANPE manifiestan su rechazo.

De este modo, Eva María Pérez, consejera de Educación, aseguró que "se cumple la premisa de articular un sistema de calidad y para todos". Pérez destacó también la "corresponsabilidad" entre Gobierno y comunidades autónomas, y que la norma "viene acompañada de una memoria económica, lo que asegura que no se quedará en una declaración de intenciones".

La responsable extremeña de Educación apuntó como principios diferenciadores de la ley que garantiza la igualdad y la equidad, articulando apoyos para los alumnos que tengan dificultades; que busca la participación de toda la sociedad en la enseñanza, y que se compromete con los principios marcados por la UE en la cumbre de Lisboa.

A FAVOR Y EN CONTRA Por su parte, Rafael Delgado, presidente de Freapa, comentó que "en principio, el texto cumple las expectativas" en cuestiones como los itinerarios, la revalida o la religión. Asimismo, recalcó que se contemplan dispositivos para establecer refuerzos desde los primeros niveles, "lo que resulta imprescindibles para prevenir el fracaso escolar", aunque advirtió de que "si no se incrementa el profesorado, no podrá llevarse a cabo".

Mucho más crítico se mostró Adrián Vivas, responsable del área educativa en CSI-CSIF, quien resaltó que "por lo que se conoce, es un regreso a lo más negativo de la LOGSE". Vivas apuntó que "no se atreven a volver a la promoción automática y ponen que habrá que tener cuatro suspensos para repetir, que son dos tercios de las asignaturas del curso".

A su juicio, "lo que se quiere es maquillar el fracaso, eliminarlo de las estadísticas, y luego se pagarán las consecuencias en el Bachillerato". En cuanto a la Religión, el representante de CSIF apuntó que "la Administración no tiene claro qué hacer", y concluyó diciendo que "se echa de menos alguna alusión a problemas como los de la autoridad del profesor y la disciplina en los centros".

Desde UGT, tras una calificación inicial positiva, se destaca la eliminación de la promoción automática, la homogeneidad en la oferta de optativas y el refuerzo en materias instrumentales y la posibilidad de reducir la ratio de alumnos por profesor en ciertas asignaturas. Como aspectos negativos, el sindicato alude al insuficiente tratamiento de lo relacionado con condiciones laborales y que no se haya abordado el tema de la Religión.

Por CCOO, su secretario regional de Enseñanza, José María Rosado, señaló que "nos preocupa que, una vez más, no se establezcan mecanismos que garanticen la financiación de las medidas".

Por ello, comentó que "las declaraciones que recoge la norma son asumibles, pero la financiación puede ser el problema", y concluyó indicando que "la ley es muy abierta y queda mucho por concretar".

Finalmente, Isidro Regaña, del sindicato de profesores ANPE, calificó como "excesivo" que se eleve a cuatro el número de suspensos para repetir, lo que supone "un error". Regaña manifestó que el tratamiento que se da a la Religión "puede ser asumible", al igual que el cambio en los itinerarios, "que podría resultar antes una discriminación".