Consolidar la cooperación como una política autonómica de máximo rango es uno de los objetivos de la futura Ley Extremeña de Cooperación para el Desarrollo, que permitirá establecer los mecanismos para la adecuada colaboración, complementariedad y coordinación con las actuaciones realizadas por las distintas administraciones de la región.
En este sentido, la normativa regula el objetivo y los principios rectores de la cooperación extremeña para el desarrollo, así como sus objetivos y áreas preferentes de actuación. La finalidad de la Administración regional es desarrollar una planificación y gestión que incluyan los instrumentos y modalidades de la cooperación, incorporando una evaluación, el seguimiento y el control de las acciones y proyectos, así como la coordinación de la cooperación extremeña con el resto de administraciones.
El objeto de la ley es establecer y regular el régimen jurídico de la cooperación para el desarrollo que realiza la comunidad autónoma, entendida como "el conjunto de recursos que Extremadura pone al servicio de los países en vías de desarrollo con el fin de contribuir a su progreso humano, económico y social, y cuyo objetivo último es la erradicación de la pobreza".
MATERIAL HUMANO
Asimismo, la ley recogerá tanto los materiales humanos como la participación de la sociedad extremeña en la propia cooperación, regulando las actividades a través de organizaciones no gubernamentales, la participación del sector empresarial, las acciones de los cooperantes y voluntarios y la sensibilización de la propia sociedad.
De esta forma, las entidades de derecho privado, legalmente constituidas y sin ánimo de lucro establecidas en la región deberán inscribirse en un registro.
