Extremadura es, de lejos, la comunidad autónoma que presenta un mayor grado de dependencia, tanto económica como social, respecto a la actividad desarrollada por el sector público. Lo pone de manifiesto un estudio que acaban de publicar la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en el que se analiza la actuación de todas las administraciones públicas en las regiones españolas.

El informe Las diferencias regionales del sector público examina el periodo comprendido entre el 2000 y 2008, años durante los cuales se completó el proceso de descentralización y para los que existen datos liquidados homogéneos de los presupuestos.

En el caso extremeño, sus cifras dejan poco margen para las dudas. Así, la proporción que representa el gasto público con relación al Producto Interior Bruto (PIB) regional se sitúa con creces como la mayor de España, con el 68,6% durante el año 2008, muy por encima de la media nacional, que es del 41,7%. De hecho, la siguiente región con una mayor dependencia del gasto público, que es Castilla-La Mancha, aparece ya más de trece puntos por debajo.

En términos per cápita, únicamente Asturias, País Vasco y Navarra superan los 9.850 euros de inversión contabilizados en Extremadura (en este caso promedio para el intervalo 2000-2008), frente a los 8.854 del conjunto del país.

Si lo que se tiene en cuenta es el Valor Añadido Bruto (VAB) público, que incluye la producción de servicios finales como los educativos o los sanitarios, la región aparece de nuevo a la cabeza del ranking , ya que el VAB público supone un 23,2% del PIB, frente al 12,6% español.

Lógicamente, esta mayor trascendencia que el sector público tiene en la economía regional se traduce también en un mayor peso en las fuentes de ingresos de los extremeños, tanto en lo que atañe a los salarios como a las transferencias (capítulo que engloba, entre otras partidas, las pensiones o las prestaciones por desempleo).

En el primer caso, un 40% de los salarios pagados en Extremadura son públicos, una proporción que prácticamente duplica la que se experimenta a nivel nacional, que es del 21,1%. En comparación a otras regiones, el porcentaje extremeño (contabilizado entre el 2000 y el 2008) triplica al de Cataluña (12,9%), que es la región que figura en el último puesto, y también supera con creces a los del País Vasco (14%), Comunidad de Madrid (17,5%), Navarra (17,5%) o Comunidad Valenciana (19,8%). Las dos regiones que más se acercan al nivel extremeño, Castilla-La Mancha y Castilla y León, se mueven en ambos casos en torno a diez puntos por debajo (31,7 y 29,4, respectivamente). En este sentido, el elevado peso que representa el sector público en el mercado laboral extremeño explica en parte la menor destrucción de empleo que ha habido en la región durante la crisis.

Las razones de estas diferencias interregionales en materia de empleo y salarios son muy diversas. Así, si bien en algunos casos tienen su origen en los menores recursos públicos, en otros se asocian a la preferencia por la concertación privada de servicios públicos o a una mayor demanda privada de educación y sanidad. Además, en los territorios donde existe más actividad, más empleo y mayores salarios privados se reduce el peso que tienen los públicos en el total.

En conjunto, el dinero destinado en el 2008 a salarios públicos en la región fue de 3.613,3 millones de euros, lo que supone 3.347 euros por cada extremeño, muy por encima de la media nacional, que se situó en 2.605 euros.

La Administración regional concentró casi dos terceras partes de este importe, 2.286,3 millones de euros, 2.117 por cada extremeño, apenas por detrás de Navarra (2.295 euros). En solo tres años, este montante experimentó en la región un incremento del 36,5%, desde los 1.550 millones que se desembolsaron en el 2005.

Por lo que se refiere a las administraciones centrales (incluida la Seguridad Social), el gasto en el 2008 alcanzó los 807,2 millones de euros, 748 per cápita, por detrás de la Comunidad de Madrid (941 euros), Aragón (832) y Castilla y León (792 euros). En este caso, el traspaso de competencias del Estado a la comunidad autónoma a inicios de la década pasada supuso que fuera disminuyendo el volumen que suponían los sueldos de los empleados de las administraciones centrales en la región. En solo un ejercicio, entre 2000 y 2001, cayó un 40%, pasando de 1.138,7 millones a 677,3. Sin embargo, entre ese último año y el 2008 volvió a aumentar otro 19%.

En esta misma línea, si se consideran las transferencias (donde quedan comprendidas las pensiones o las prestaciones por incapacidad temporal y desempleo), Extremadura repite entre las regiones más beneficiadas por las aportaciones públicas. En la región representan un 37,9% de la renta disponible bruta, solo por detrás de Asturias (39,7%), superando las dos regiones ampliamente el 28,3% de media nacional.

Otra variable significativa que muestra cuál es la contribución del sector público a un determinado territorio es la de la inversión. En Extremadura casi una cuarta parte de la inversión es realizada por las administraciones públicas, con lo que vuelve a duplicarse de nuevo el registro medio del Estado, situado en el 12,7%, poniéndose así de manifiesto una reducida capacidad de atraer inversión privada.

Por último, la región es una de las que registran un mayor gasto per cápita tanto en materia de educación como de sanidad. En educación, la media de inversión en el periodo 2000-2008 fue en Extremadura de 1.151 euros, el tercero más elevado de España tras los del País Vasco y Navarra. En sanidad fue de 1.422 euros por persona, el cuarto mayor del país.