En pleno debate sobre las pensiones, los estudios avalan que vivir más de 90 años será cada día más fácil. En la región la cifra de mayores que superarán esa edad crecerá un 40% en los próximos diez años, cuando se contabilizarán 13.200 ancianos que verán la luz del sol pasados los 90 frente a los poco más de 8.000 que viven hoy en la región, según las proyecciones del INE. Entonces, habrá más viejos más viejos y la llamada cuarta edad supondrá el 1,2% de los extremeños frente al 0,75% que representan en la actualidad.

Si a esta población anciana se suma la tercera edad, la región contará en el 2020 con más de 226.000 personas mayores de 65 años, frente a los 203.000 actuales, un 11% más. Esta situación demográfica se debe en parte al continuo aumento de la esperanza de vida, que ya se sitúa en los 81 años al nacer; una circunstancia objetivamente feliz para la sociedad, pero con efectos económicos demoledores a largo plazo para las arcas públicas.

El envejecimiento de la población y la ampliación de servicios para atender sus necesidades tendrán consecuencias ineludibles: las pensiones y la atención social y sanitaria de este colectivo son nuevos desafíos para los gobiernos. Basta un dato. En Extremadura el 80% de los recursos sociosanitarios disponibles están destinados a la población mayor de 65 años.

El capítulo de las pensiones es el más voluminoso pero al mismo tiempo el más fácil de resolver si hay dinero. Los especialistas advierten de que ante la disminución de la población activa y el aumento de los pensionistas, el actual modelo de pensiones públicas entrará en crisis esta década si no se modifican cuestiones como la cuantía de la percepción, la base de cotización o la dotación presupuestaria complementaria. En la región, al final de esta década habrá 5.000 personas menos en edad de trabajar y 22.000 pensionistas más. Esta combinación provocará un aumento de la tasa de dependencia, es decir, del peso que tendrán que soportar los activos, una descompensación que se acentuará con el paso de los años. En cambio, frente a las pensiones, que se solucionan solo con más recursos, la asistencia médica también dependerá de la disponibilidad de personal y equipos.

MAS GASTO SANITARIO Los mayores de 65 años acuden al médico de cabecera el doble de veces que los menores de esta edad, también visitan más el hospital y su estancia es más larga, lo que más se encarece por el aumento de la edad, señala Remigio Cordero, presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública. Según varios estudios recogidos por Cordero, en Extremadura el gasto sanitario --hospitalario, farmacéutico y en Atención Primaria-- en mayores de 80 años ronda los 3.500 euros al año, mientras la media por habitante está en 1.500. Consumen por tanto en torno a la mitad del gasto de la sanidad pública, según datos del ministerio, pese a suponer en la actualidad el 18% de la población en la región. Y a más edad, más gasto, aunque éste no tiene por qué crecer al mismo ritmo puesto que la salud de quienes hoy llegan a los 80 años es mucho mejor que hace décadas, y generan menos gasto sanitario, y la mayor parte se concentra en los últimos dos años de vida. Pese a todo, los estudios coinciden también en reflejar que el envejecimiento tendrá en la región un "impacto medio", con una tasa de crecimiento del gasto entre un 0,5 y 0,7% al año, según Factores de crecimiento y proyección del gasto sanitario público 2004-2017 , de Puig Junoy. "Extremadura ya es una población envejecida y no se esperan grandes fenómenos demográficos".

Algo similar ocurre con el gasto en medicamentos, que se estima mayor cuanto más avanza la esperanza de vida. Según Sanidad, la mitad de la población de 65 años consume fármacos de forma regular. El porcentaje sube hasta el 80% entre los 65 y los 79 años y hasta el 90% a partir de los 80. "Frente a los 200 euros de media que se gasta en fármacos una persona al año, con más de 80 años esa cifra se dispara a 900", apunta Cordero. El resultado es que los mayores consumen "el 75% de la factura farmacéutica en la región", por efecto de su mayor consumo y del menor coste para ellos, señala el Colegio de Farmacéuticos de Cáceres.

En euros, el efecto es que los mayores extremeños consumieron en torno a 260 millones de euros, de los 356 que durante el 2010 supuso el gasto en medicinas para las arcas públicas. Contener este gasto no tendría por qué suponer únicamente un aumento de los presupuestos públicos, hay más posibilidades, explica el presidente del colegio de farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas: bajar el precio de los fármacos --que en el último año han contribuido a ahorrar 1,5 millones pese a prescribir 800.000 recetas más-- o aumentar el copago.

Pero no solo la enfermedad de los mayores supone un coste que se incrementará con el envejecimiento, sino también será su cuidado. El Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y la Dependencia (Sepad) ya ha incrementado su presupuesto este año, y tendrá que seguir haciéndolo, tanto para asumir el cuidado de los 50.500 extremeños --el 83% mayores de 65 años-- que desde el 2007 han solicitado ayudas por ser dependientes, y que irán en aumento, como para mejorar la autonomía de los más de 200.000 mayores a los que actualmente llegan los programas para prevenir la dependencia. Este año, prestar estos servicios en la región --no solo a mayores-- costará 303 millones, un 0,16% más que en el 2010.

Otro reto consistirá en adecuar la oferta a la demanda de centros residenciales. En la región existen casi 11.300 camas disponibles en 229 centros de mayores --30 públicos--. Son 5,4 camas por cada 100 habitantes y si se quiere al menos mantener esta ratio, la región necesitaría disponer de unas 2.000 camas más en el 2020, para atender a 22.000 mayores más.