El documento sobre balanzas fiscales hecho público ayer por el Gobierno señala que Extremadura tendría un saldo fiscal positivo sobre el PIB de entre el 15% y el 18%, es decir, recibiría en términos de gasto estatal mucho más de lo que aporta a las arcas del Estado. Por contra, Madrid y Baleares, sobre todo, y Valencia y Cataluña, aportarían más de lo que reciben.

En todo caso, los datos vienen acompañados por matizaciones que indican que no existe una metodología única para establecer estas balanzas (de hecho de aplican dos, que dan hasta seis resultados distintos), que hay dificultades metodológicas que no se pueden subsanar y que los resultados son dispares por la diversidad de criterios. También se aclara que el documento no puede trasladarse al debate de financiación al no reflejar la equidad --sólo contempla actuaciones estatales-- ni la eficiencia porque en las regiones de alta renta suele haber saldo positivo en su balanza comercial interior.

Las conclusiones son las esperadas: las regiones con una renta media más alta aportan más y las que tienen rentas medias más bajas aportan menos.

En la presentación del documento, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, aseguró que la presentación de las balanzas constituye "un ejercicio de transparencia, ya que son las primeras balanzas fiscales publicadas por un Gobierno" y vienen a dar cumplimiento al "compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate de investidura del pasado 8 de marzo".

Para elaborarlas, el Ministerio de Economía ha utilizado dos metodologías diferentes, una basada en la óptica carga-beneficio y otra basada en el flujo monetario de cada comunidad. De la primera metodología han resultado un total de cuatro balanzas fiscales con resultados dispares, mientras que de la segunda metodología han salido dos balanzas fiscales, lo que suma un total de seis entre ambos métodos.

En la metodología de carga-beneficio, los ingresos se imputan al territorio donde residen los ciudadanos, mientras que los gastos se imputan al territorio en que residen las personas a las que van destinados los servicios o las transferencias públicas. Es decir, se asignan los sueldos de los funcionarios a la comunidad donde trabajan, al entenderse que el territorio es el que recibe el impacto económico.

Por su parte, en la metodología del flujo monetario, los ingresos se imputan al territorio en el que se localiza la capacidad económica sometida a gravamen y los gastos al territorio donde tienen lugar. En este caso, por ejemplo, el gasto asociado a los ministerios, con sede en Madrid, se distribuye entre todas las regiones, al entenderse que el trabajo de los funcionarios estatales beneficia por igual a todos los españoles.

En todo caso, Ocaña reconoció que existen "limitaciones técnicas para este ejercicio, estamos ante un producto económico en el que no hay una sola manera de hacer los cálculos", y subrayó que "en ningún caso" los datos de las balanzas fiscales podrán utilizarse para la negociación del sistema de financiación.

La diferencia de metodologías no impide que los datos de las seis balanzas demuestren que las comunidades con mayor renta per cápita son las que tienen déficit fiscal y aquellas con menor renta per cápita son las que menos aportan. Así, cinco comunidades arrojan déficit fiscal en las seis balanzas que ha publicado el ministerio, entre las que se sitúan Cataluña, Madrid, Navarra, Baleares y Valencia.

Por el contrario, ocho comunidades autónomas arrojan en todas las balanzas fiscales superávit fiscal. Ahí estarían Extremadura, Asturias, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Cantabria.

Los casos más llamativos son los de País Vasco, Murcia y Aragón que sufren cambios en función de las diferentes metodologías y pasan del déficit al superávit según se tenga en cuenta una u otra balanza fiscal.