La denuncia que realiza la Confederación Española de la Policía no es algo nuevo. En la primera semana de noviembre el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunciaba que se departamento revisará el procedimiento para otorgar la tarjeta de atención sanitaria (TAS) a los inmigrantes ´sin papeles´, puesto que existen indicios de que se podrían estar produciendo irregularidades.

La TAS, en vigor desde octubre, permite a los inmigrantes, sea cual sea su situación legal, tener acceso a las prestaciones del sistema sanitario público. El problema es que muchas de las personas que la solicitan constan con la misma dirección, lo que "puede significar que no tienen casa o que vienen de otras regiones".

Para evitar esta actuación, que a su juicio desvirtúa esta medida, Sanidad comprobará, en colaboración con la Delegación del Gobierno, si el inmigrante reside en Extremadura, al tiempo que se suprime la concesión automática.

De esta forma, al inmigrante se le entregará un documento provisional que será válido durante tres meses, y a lo largo de ese periodo se comprobarán los datos de su residencia.