El pueblo de Santa Marta de los Barros, situado en plena comarca de Tierra de Barros, la mayor zona de producción vitivinícola de Extremadura, vivió el año pasado una situación que ninguno de sus vecinos quiere que vuelva a repetirse. Los 4.000 vecinos que habitualmente viven en esta localidad pacense, se vieron desbordados durante los meses posteriores al verano, debido a la llegada de más de 1.500 inmigrantes, en su mayoría rumanos, que fueron acampando en fincas de las inmediaciones del municipio atraídos por el efecto llamada de la campaña agrícola. Alguno de estos asentamientos, formados por caravanas y tiendas de campaña, y sin conexión a la red eléctrica ni agua corriente, superaron la cifra de 800 personas. "No queremos que se repita lo del año pasado"", es el mensaje claro que lanzó ayer Jorge Vázquez, el alcalde de la localidad, transmitiendo la sensación generalizada entre sus vecinos.

Con este fin, el Pleno del Ayuntamiento de esta localidad, como el otros pueblos cercanos, ya ha aprobado la ordenanza distribuida por la Fempex entre los municipios extremeños. Con la nueva normativa ya en vigor, el alcalde espera tener a su disposición la herramienta apropiada para que sus convecinos no vuelvan a tener la sensación de falta de seguridad que hubo el año pasado.

La creación de asentamientos de inmigrantes que acuden a la región en busca de trabajo con la llegada de la vendimia no es nueva, sino que viene repitiéndose sistemáticamente cada año durante la última década. Sin embargo, el año pasado cobró mayor protagonismo debido a los problemas de higiene y de seguridad pública registrados en esta localidad, fruto de las intimidaciones y de los pequeños hurtos que sufrieron sus vecinos.

"Tuvimos muchos problemas de falta de seguridad y de higiene, porque estas personas cuando llegan, enseguida incumplen las reglas. Así no se puede convivir", sostiene el primer edil de Santa Marta.

Pero no solo los vecinos sufrieron estos inconvenientes, ya que hubo muchas quejas por parte de los comerciantes, así como de empresarios que denunciaron robos en sus instalaciones, algunas de ellas en obras, de las que se llevaron diversos materiales, como los cables de cobre, y también gasolina.

Al igual que el año pasado, los inmigrantes han comenzado a asentarse en sus caravanas y tiendas de campaña durante el mes de mayo. Actualmente se encuentran repartidos en distintos asentamientos unas 70 personas, según el alcalde de la localidad, y por el momento no se ha producido ninguna situación parecida a los acontecimientos de la vendimia de 2007, en la que se presentaban una media de cinco denuncias diarias. "Por el momento la situación está relativamente calmada", comenta el alcalde de la localidad.

Vázquez comprende que la llegada de mano de obra inmigrante es necesaria para llevar a cabo las distintas campañas de recolección agrícola, en el caso de que ésta no pueda abastecerse con trabajadores de la región. Sin embargo, pide que haya un mayor control sobre la afluencia de estas personas, y que en todo caso no se asienten en las localidades "más de los necesarios".

Los municipios están a la espera de ser convocados a una reunión con la Delegación del Gobierno, los productores del sector, las organizaciones agrarias y los sindicatos, en la que se determinarán las necesidades de mano de obra de la próxima campaña de la vendimia, para empezar a establecer los lugares en los que los empresarios levantaran los campamentos autorizados.