El diagnóstico de RR de Acuña & Asociados sobre la situación del mercado inmobiliario español no puede ser mas crudo: un "desequilibrio irracional" entre oferta y demanda provocado por un desajuste que se inició en el 2004 pero que no se quiso ver por los, entonces, bajos tipos de interés y escalada de precios. Hoy se pagan las consecuencias de esa ceguera, que tardarán años en aplacarse, que el informe tasa en "cuatro años de duro ajuste mas otros tres de consolidación". Es decir, como si se tratase de una maldición bíblica, siete años de vacas flacas.

Sólo con las casas que hay actualmente en el mercado, si no se hiciesen más viviendas tardarían seis años en venderse.

Otra cuestión sobre la que llama la atención el informe es el tipo de casas que hay que poner a la venta. Según el análisis, durante los próximos años sólo tendrán una salida más o menos solvente las viviendas cuyos precios estén, en la media nacional, por debajo de los 200.000 euros.

El duro ajuste se plasmará en que durante este año las promotoras sólo se atreverán a iniciar en todo el país 240.000 casas, la mitad que en el 2007 y la tercera parte de lo que se construía en el 2005, y que además en el 2009 la cifra de casas que se empezarán volverá a caer, hasta superar por poco las 156.000.

¿Las consecuencias de este parón? La más sangrante será que durante este año el empleo en la construcción caerá en 300.000 personas, y el año que viene lo hará en casi 400.000 más. Además, los despidos no conseguirán salvar a muchas empresas, endeudadas en exceso y que pagarán cara la crisis. Las estimaciones de RR de Acuña indican que la mitad de la deuda de las promotoras está en relación a las reservas de suelo para desarrollos residenciales a medio y largo plazo, que permitirían construir casi tres millones de vivienda, es decir, que según los niveles actuales de demanda de casas, tienen suelo para diez años.

Si a ello se le suma el excedente actual de viviendas y las promociones en ejecución, se estima que las promotoras tienen suelo para 14 años.

Muchas no podrán esperar tanto, porque los costes financieros derivados de las inversiones en suelo suponen ahora el 18% de la facturación, y subirán hasta el 23%, y esto es la ruina para un gran número. .