Conseguir más potestad para los profesores, otorgándoles el rango jurídico de autoridad pública . Es lo que busca la propuesta de ley de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para paliar el problema de la violencia en las aulas y ensalzar el prestigio del personal docente. Una proposición que apoyan los sindicatos del profesorado en Extremadura. Pero, ¿que supone considerar a un docente autoridad pública en lugar de un funcionario como hasta ahora? A efectos prácticos la diferencia está en un año más de cárcel para los autores de una agresión grave contra los docentes --o personal sanitario-- si a estos se les incluyera en el terna por ejemplo del presidente del Estado, de la comunidad o consejeros, entre otras autoridades.
Es la principal distinción. De cinco años de prisión, pena máxima que se aplica ante casos graves de violencia desde que en el 2007 el fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, anunciara a la comunidad educativa extremeña la consideración de funcionario público; a seis años en el caso de altos cargos de los gobiernos. Un supuesto que no contempla ni a los agentes. En el caso de atentados de menor gravedad a un profesor, como injurias u ofensas leves, la infracción será juzgada como una falta.
Entonces, si ya se aplica el rango de autoridad, ¿es necesario esta medida? Desde el punto de vista penal no, explica Blanco, "es una ley innecesaria". Este es también el argumento de la consejera de Educación, Eva María Pérez. "Dar a un docente rango de autoridad pública no es necesario porque ya se está llevando a cabo", y en Extremadura hay sentencias que lo demuestran. Asimismo, desde la consejería apuntan que la autoridad debe venir desde la sociedad y el propio profesorado y con este fin la Junta ha puesto en marcha varias medidas, acordadas por sindicatos y padres, como el compromiso social por la convivencia, firmado en el 2007; el compromiso de las familias por la educación de sus hijos o normas de actuación con el objetivo de reducir el conflicto y regular la convivencia escolar.
Administración, docentes, sindicatos, políticos y Fiscalía, todos tienen sus matices ante este asunto, pero comparten una misma idea común. "La falta de autoridad no se soluciona solo con medidas legislativas".
El presidente de CSIF, Adrián Vivas, exige a la Junta el reconocimiento de la figura del profesor y que se modifique el código penal. Cree que el único modo de reducir los numerosos actos de indisciplina que se producen en los centros y de erradicar las agresiones, es apostar por la "tolerancia cero".
Desde FETE-UGT, su presidente, Miguel Salazar, afirma: "apoyamos revestir al profesor de autoridad, pero una nueva ley no soluciona problemas de convivencia y es necesario poner en práctica medidas preventivas --más orientadores y mediadores, formación para las familias,...--". La autoridad de un docente no se consigue solo endureciendo las penas, en el aula se va ganando poco a poco, apunta.
Por su parte, el secretario de la federación regional de enseñanza de CCOO, Tomás Chaves, es partidario de la tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión, pero diferencia la violencia de las dificultades a la hora de dar las clases. En este sentido, dice, se deben aplicar las medidas que recoge el Plan Regional de Convivencia --vigente desde el 2006--. Asimismo, alerta de que el cambio de consideración docente no cubre al personal de los centros privados, puesto que no son tratados como funcionarios públicos. "Ahí sí que hay que hacer llegar al fiscal que tenga en casos de violencia la misma sensibilidad".
A este respecto, el fiscal jefe de Extremadura recuerda que aunque la ley de Aguirre salga adelante no será aplicable al personal de los centros privados puesto que el código penal subraya la necesidad de tener la consideración de funcionario público, y añade, referente a la propuesta madrileña, que una ley autonómica no tiene potestad para modificar el código penal. "De momento no supone ningún avance", explica.
Los populares extremeños también respaldan la autoridad de los profesores y apoyan la ley de Aguirre, que supone "reforzar la difícil tarea que tienen encomendada, el refuerzo de su figura y el apoyo moral ante situaciones de conflictividad". Por su parte, Freapa asegura que "hay situaciones en un aula que no se pueden solucionar con el código penal de la mano".
