Alumbrado y limpieza de la vía pública, recogida de residuos o abastecimiento de agua potable... Estos son solo algunos de los servicios más básicos que los ayuntamientos deben ofrecer. La lista se alarga con el tamaño del municipio, que está obligado a tener desde parque público (si supera los 5.000 habitantes) a matadero (si pasa de los 20.000) o transporte urbano (cuando acoge a más de 50.000 personas). Pero el catálogo se amplía aún más con los servicios llamados "impropios", es decir, aquellos que el consistorio presta sin que sean de su competencia.
Estos son los primeros que pueden peligrar si, ante la falta de un marco normativo que fije claramente qué servicios corresponden a la administración local y con qué recursos debe contar para financiarlos, se produce un recorte de los fondos municipales por la crisis económica. Pero eso no significa que sean prescindibles. ¿O qué ocurriría con los colegios extremeños sin los empleados de la limpieza que, en su mayoría contratados por los ayuntamientos, acondicionan estos centros? ¿Y quién se ocuparía, por ejemplo, de rellenar con cursos y actividades deportivas las agendas culturales de los vecinos, que básicamente diseñan los responsables de sus consistorios?
Además hay otra clave, la cofinanciación, hacia la que apunta el alcalde de Castuera, Francisco Martos. "Un apartado importante de los servicios impropios son aquellos que corresponden a las otras administraciones, ya sea la estatal o la autonómica, y que nosotros complementamos. De este modo, mejora la atención que recibe el ciudadano, pero también se sobrecarga el presupuesto municipal, mientras que se alivian los de las otras administraciones (central y regional)", explica.
Después vienen, además, todos aquellos que los ayuntamientos llevan en exclusiva sin que le correspondan. En el caso de un municipio de tamaño mediano, como es Castuera (6.675 habitantes), el abanico de prestaciones requeridas por los vecinos es bastante amplio y abarca desde las políticas de empleo y desarrollo local a, muy especialmente, las actividades culturales y deportivas. "Los ayuntamientos son los principales promotores culturales del país, estoy convencido, ya que financiamos la mayoría de las actividades de este tipo que se desarrollan en los municipios españoles", considera Martos. Como ejemplo, indica que de los seis monitores deportivos con los que cuenta el municipio pacense, cuatro están contratados con fondos municipales.
Gastos como este suponen a las arcas municipales un déficit que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sitúa en torno al 27% del presupuesto. Así lo recoge el estudio El gasto no obligatorio de los municipios españoles , según el cual los sectores que más servicios impropios generan son la seguridad y, como adelantaba el alcalde castuereño, la cultura. La promoción social y la educación son los siguientes ámbitos en los que más prestaciones que no les corresponden asumen los ayuntamientos.
Ayuntamientos suplentes
Pero más que de servicios "impropios" o no "obligatorios", el concejal de Hacienda del ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, es más partidario de hablar de "servicios de suplencia". "Llamándolos impropios o no obligatorios podrían decirnos que simplemente nos los cumpliéramos, pero en realidad son servicios necesarios para los ciudadanos en los que el consistorio no tiene más remedio que suplir a otra administración", detalla.
Este sería el caso, señala Fragoso, de la seguridad en la capital pacense. "Es competencia de la Administración estatal, pero como la Policía Nacional no cuenta con recursos suficientes para ocuparse de toda la ciudad, los agentes locales tienen que contribuir a esta labor, lo que nos obliga a nosotros a contratar más personal", comenta. Para el concejal pacense, "es injusto para los ciudadanos que tengamos que destinar fondos municipales a ámbitos que no son de nuestra competencia, ya que perdemos recursos para los que sí lo son, como la limpieza viaria".
Su homólogo en la capital cacereña, Lorenzo de la Calle, también reconoce una situación que, a su juicio, afecta sobre todo al área de servicios sociales, en la que sitúa la mayoría de los servicios que presta el ayuntamiento sin tener su competencia. Además, De la Calle apunta que esta situación --ya sean prestaciones que asume el ayuntamiento sin ser de su competencia o en los que complementa la financiación de otras administraciones-- se da en ámbitos muy diversos (infraestructuras, cultura, deportes...) o incluso en situaciones puntuales. Así ocurre cuando la ciudad acoge un acto organizado por el Gobierno central o la Junta, "pero que genera muchos gastos (seguridad, cesión del local...) para el ayuntamiento".
En cualquier caso, el concejal cacereño de Hacienda recuerda que este es un tema que ya se está abordando en el seno de la Fempex (Federación de Municipios y Provincias de Extremadura). Sin embargo, el edil que ocupa la misma concejalía en Badajoz no duda en mostrar su preocupación porque "en esta época de crisis económica que actualmente vivimos se esté planteando la posibilidad de cortar el grifo a los municipios --en alusión a la propuesta presupuestaria del Gobierno-- y no a las autonomías".
Un temor que comparten en los municipios de menor tamaño, que se enfrentan a problemas similares o incluso más acuciantes. "Recibimos menos fondos. A ver por qué a los pueblos les dan 18.000 euros por habitante y a las ciudades 50.000, ¿es que no somos todos iguales?", se pregunta Constantino Julián Gregorio, alcalde de un pueblo pequeño como es Acehúche (866 habitantes). Por tanto, comenta, los ayuntamientos de estas poblaciones se ven obligados a nutrirse fundamentalmente de subvenciones y partidas aleatorias. Por ello, Gregorio se queja de que "parece que los alcaldes siempre vamos llorando y encima tenemos grandes dificultades para ofrecer los servicios que nos demandan los ciudadanos".
