«Es necesario armonizar las prestaciones por desempleo con otras medidas, como las rentas mínimas o prestaciones de ingresos mínimos, para proteger a quienes se encuentran en edad laboral y, queriendo trabajar, carecen de empleo y de ingresos suficientes para garantizar un nivel de vida digno», se asegura en el informe que ha elaborado CCOO sobre el sistema de protección por desempleo.
Un diagnóstico con el que coincide plenamente Manuel García Garzo, portavoz de la Red de Solidaridad Popular (RSP) de Cáceres, quien se muestra especialmente crítico con las trabas que, asegura, las diferentes administraciones ponen con frecuencia para conceder ayudas a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable.
La RSP cacereña surgió en el 2014 para atender a quienes sufren los efectos más duros de la crisis. Cuenta con una despensa solidaria y realiza campañas para obtener ropa, material escolar o productos de higiene de primera necesidad. Todo ello se reparte entre familias en riesgo de exclusión social «y que viven muy por debajo del umbral de la pobreza».
Su modelo, explica García Garzo, se aleja del de la beneficencia tradicional. «Este es un ejercicio de solidaridad de igual a igual. Las personas que reciben esos alimentos participan en la toma de decisiones, en la recogida, en la distribución... Cada uno tiene una tarea. No es solo que te den la comida y te vayas, también te posicionas ante las injusticias sociales». Cada año llegan a más de centenar y medio de personas (unas cincuenta familias).
La mayoría de casos que atiende este colectivo son de desempleados de larga duración, muchos por encima de los cuarenta años y con «muchísimas dificultades» para volver a integrarse en el mercado laboral, a pesar de que «hacen todo lo posible por encontrar un trabajo». Personas que, a la hora de solicitar otro tipo de ayudas, se encuentran con que «cada vez hay más ‘violencia burocrática’. Es como una carrera de obstáculos».
«Al final se desesperan, porque esto está hecho con la finalidad de ahorrarse dinero en prestaciones», critica, al tiempo que pone varios ejemplos. Uno de ellos, el de una mujer de 48 años con dos hijos y sin ingresos. «Pide cita para la renta básica, se la dan a los dos meses, y se la niegan por no encontrarse en situación de exclusión social. ¿Por qué? Pues porque tiene una licenciatura. Como si con una licenciatura pudieras ir a comprar al supermercado», lamenta. En otras ocasiones, añade, se han denegado prestaciones «porque tienes un coche de segunda mano y lo puedes vender» o «porque tienes familiares que dicen que te pueden ayudar. Pero esos familiares también tienen que pagar la luz y el agua».
