Aunque la policía local pone la denuncia, ésta pasa a la Junta de Extremadura, que es la que interpone la multa al bar, que varía en función de la sanción (leve, grave o muy grave) y que oscila entre los 300 y 600 euros. La Ley Orgánica 1/1992 prevé incluso suspensión de licencias y clausura de locales por periodos de dos a seis años por infracciones muy graves.
