Jarro de agua fría el que se ha llevado la Junta de Andalucía después de que el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad declarar la inconstitucionalidad y anular el artículo 51 del Estatuto de Autonomía andaluz que daba a la región andaluza la competencia exclusiva sobre el río Guadalquivir. Con ello, da la razón al Gobierno extremeño al estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado en junio del 2007 contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica andaluza. El TC declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 51, tal y como pedía Extremadura, al considerar que el mismo otorga competencias exclusivas a Andalucía, mientras que la cuenca del Guadalquivir es compartida por Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura. En ello se basaba el recurso del Ejecutivo extremeño, ya que el artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado las aguas que discurran por más de una región. Además, violaría también una directiva europea. Tras conocer el fallo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, indicó que "no es momento de ganadores, ni de perdedores, sino de dialogar", y que ahora "se abre una vía" para que las administraciones dialoguen y hablen "del agua en el país, porque es uno de los elementos que cohesionan un país y por tanto el agua no es de nadie porque es de todos". Sin embargo, su colega andaluz, José Antonio Griñán, reiteró ayer que hay margen para que Andalucía "siga decidiendo" sobre las aguas del Guadalquivir, que "es un río Andaluz" y "debe abanderar" la gestión del mismo.
Por el contrario, la sentencia del Alto Tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Delgado, desestima el recurso en lo que se refiere a los artículos 43, 50.1 a) y 50.2. El primero de ellos se refiere al alcance territorial y efectos de las competencias, mientras que respecto al 50.1 a) el Ejecutivo extremeño había pedido su revisión al omitir finalmente la ley andaluza la palabra "únicamente" de la frase en la que recoge las competencias sobre aguas que "transcurran únicamente por su territorio". Respecto al artículo 50.2, no ha admitido el recurso del Gobierno extremeño, en relación a que dispone la competencia ejecutiva de Andalucía sobre facultades de policía de dominio público hidráulicas establecidas por la legislación estatal.
VALORACIONES DISPARES Tras el fallo del Constitucional, que será notificado en los próximos días, Fernández Vara insistió en Don Benito en que "no es momento de ganadores ni perdedores, sino de dialogar". A su juicio, cuando la Junta recurrió lo hizo "porque era imprescindible defender los intereses de Extremadura, y no en términos de ganadores ni de perdedores". Es más, "ahora se abre una vía" para que las administraciones dialoguen y hablen "del agua en el país, porque es uno de los elementos que cohesionan un país y, por tanto, el agua no es de nadie porque es de todos", explicó. El presidente extremeño reconoce que "Andalucía tiene que tener un peso importante en su gestión", pero lo que viene a decir el Constitucional, aclara, "es que no es exclusiva, y a partir de ahora hay que ponerse a hablar". Para ello, confía en el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para proponer "soluciones ajustadas" a la Constitución y a "lo que tiene que ser un acuerdo en un tema tan especial como es el agua", informa Raúl Haba.
El jefe del Ejecutivo extremeño no quiere crear polémica porque "Andalucía y Extremadura no son regiones vecinas, son regiones hermanas, y que nadie quiera extraer otra conclusión que no sea someter al dictamen del Constitucional un asunto" en el que ambas administraciones no estaban de acuerdo.
Fernández Vara se ha mostrado confiado en que el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, que es quien tiene las competencias del agua en cuencas que atraviesan más de una comunidad, encuentre una solución que reconozca que la mayoría de la cuenca del Guadalquivir pasa por Andalucía, pero no en exclusiva.
Sin embargo, el presidente andaluz asegura que "respeta y acata" la decisión del Tribunal Constitucional (TC), pero "queda margen para que Andalucía siga decidiendo" sobre la gestión del Guadalquivir, matizó. Griñán ha convocado en el Parlamento a los representantes de los grupos políticos andaluces, a los que también ha informado del fallo del Tribunal Constitucional, para "mantener el consenso que se forjó en el Estatuto" en torno a las competencias sobre el Guadalquivir, y se reunirá el próximo lunes con el presidente del Gobierno para analizar esta cuestión.
"El Guadalquivir es un río andaluz y con esta frase quiero expresar no un sentimiento, sino una convicción que yo creo que todo el mundo comparte", según el jefe del Ejecutivo andaluz, que insiste en que su Gobierno va a encontrar, en colaboración con todas las fuerzas políticas que forjaron el consenso estatutario, la forma más adecuada para "abanderar la gestión de este río".
EL RIO EN EXTREMADURA La Junta de Extremadura presentó el 5 de junio del 2007 el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de Andalucía, aprobado en referéndum en febrero de ese año, al considerar que incumplía la Carta Magna en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del río Guadalquivir.
Hay que recordar que las aguas del Guadalquivir discurren en un 90,22% por Andalucía, en un 0,20% por Murcia, en un 7,13% por Castilla-La Mancha, y en un 2,45% por la comunidad extremeña.
