El encuentro de Ministros de Agricultura en Bruselas no solo supone un match ball para el cultivo del tabaco. De hecho, este producto no se encuentra dentro de la nómina agroganadera de la Política Agraria Común (PAC), sino que tiene un marco legislativo propio (la Organización del Mercado Común --OMC-- del tabaco). Por eso encima de la mesa hay otros intereses en juego.

En lo que se refiere a Extremadura, el denominado chequeo médico de la PAC puede suponer un importante recorte de fondos para cerca de 21.000 agricultores y ganaderos de la región. La Comisión Europea propone que entre 2010 y 2013 diversas rebajas en las ayudas que hasta ahora recibe el sector para reorientar ese dinero en políticas de desarrollo rural --es lo que se conoce como modulación--. De esta forma, la intención de la Comisión es ampliar hasta del 5% actual a una media del 13% el porcentaje que se detrae de las ayudas agroganaderas.

La propuesta no afectaría a la mayoría de los profesionales del campo en la región, ya que el 75% están por debajo del umbral de 5.000 euros anuales que se establece como mínimo exento de rebajas. De los cerca de 61.000 agricultores extremeños que sí verían sus rentas mermadas de salir adelante la propuesta, alrededor de 150 se encontrarían en el tramo con más recorte, ya que perciben ayudas superiores a los 300.000 euros. Esto les supondría una rebaja del 45% en los próximos cuatro años. Otro grupo formado por en torno a 300 agricultores y empresas agrarias sufriría recortes del 25% a lo largo del cuatrienio al cobrar actualmente entre 200.000 y 300.000 euros de ayuda anual.

Unos 364 millones menos

En el siguiente escalón, cerca de 1.100 agricultores tendrían rebajas del 10% en el periodo en el que se aplicaría la reforma ya que sus cobros de fondos de la PAC están entre 100.000 y 200.000 euros. Por último, habría 19.000 agricultores y ganaderos extremeños (el 23%) a los que se les detraería el 8% de lo que les correspondiese cobrar entre el 2010 y el 2013, puesto que perciben entre 5.000 y 100.000 euros.

En total, estas medidas supondrían restar al campo español cerca de 364 millones de euros entre el 2010 y el 2013.

El pleno del Parlamento Europeo celebró ayer un debate sobre esta revisión. Los eurodiputados pidieron una incremento menor de la modulación. En el caso de España, solicita que en lugar de elevarse al 13% se quede en el 7%. Pero la comisaria de Agricultura, Mariann Fischer Boel, se mostró inflexible sobre esta posibilidad.