Las empresas Conesa, Transa y Agraz presionaron durante tres campañas a los productores extremeños de tomate para que renunciaran a al menos 2 millones de euros de sus beneficios, según se desprende del informe confidencial elaborado por el Grupo de Fraude y Contrabando de la Guardia Civil sobre el denominado fraude del tomate.
Este documento, al que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA y que ya adelantó ayer este diario, detalla que entre 1997 y el año 2000 las transformadoras tomateras obligaron a los agricultores de la OPFH Los Corbos y la Sociedad Cooperativa Los Corbos a devolverles este dinero a través de diversos sistemas para así maquillar la diferencia entre el precio oficial que pagaban por el tomate y el que realmente acababan percibiendo los agricultores.
De esta forma, podían seguir cobrando millonarias ayudas europeas pese a que no pagaban el precio mínimo marcado para ello, según las pesquisas de Interior.
Las investigaciones concluyeron con la detención de quince personas acusadas de falsedad documental y delito contra la hacienda de las comunidades.
POSIBLES PRESIONES
En concreto, la Guardia Civil afirma que Conesa, Transa y Agraz cobraron de forma ilegal algo más de 27 millones de euros en ayudas europeas con la ayuda de Sayco y Los Corbos.
Sin embargo, Interior no ha entrado de lleno en las supuestas presiones que recibieron los agricultores puesto que, al menos hasta el momento, los productores no han denunciado el caso.
Los informes dejan claro que la presunta estafa a los productores de tomate formaba parte de una compleja maquinaria financiera. Las empresas pagaban a las cooperativas el precio mínimo marcado pero luego los agricultores devolvían parte de este dinero --a veces más de dos pesetas por cada kilo que habían vendido-- para compensar la diferencia entre el precio oficial y el que realmente pagaban las empresas. Para que las cuentas cuadrasen se usaban varios sistemas, siempre a través de Sayco.
AVISO
De esta forma, a los productores de Los Corbos que vendían su tomate en Agraz, Conesa o Transa se les informaba previamente de que debían pagar el denominado impuesto revolucionario .
Para ello se les obligaba a contratar con Sayco la recolección del tomate aunque tuviesen su propia cosechadora, al tiempo que debían contratar servicios de asesoría y de alquiler de maquinaria. A todo esto hay que sumar que cuando Sayco realizaba la recolección, y según se desprende del contraste de las cientos de facturas intervenidas, llegaba a recoger hasta un 13% más del tomate pactado sin beneficio para el agricultor.
Posteriormente todo este dinero, según Interior, volvía a su punto de origen, las empresas transformadoras, todo ello con "la cooperación necesaria" de los administradores de Los Corbos.
