Los guardias civiles de Tráfico de Extremadura han iniciado en los últimos meses una huelga a la japonesa que ha supuesto un incremento de hasta un 200% en las sanciones impuestas en algunos destacamentos de la región.

La causa, el modelo del complemento de productividad (que supone unos 200 euros al mes) propuesto por la Dirección General de la Guardia Civil, que prevé el pago de fondos extraordinarios a los agentes que superen "el rendimiento medio exigible al conjunto del personal" y alcancen unos objetivos cuantificables. Es decir, entienden los guardias, a los que impongan más sanciones, único elemento que puede diferenciar objetivamente la labor de unos y otros.

Esta nueva medida sucede sin solución de continuidad a la huelga de bolis caídos llevada a cabo durante gran parte del año pasado y que provocó una caída histórica en el número de multas impuestas en la comunidad.

LAS DIFERENCIAS Pero hay grandes diferencias entre una y otra actuación. Y es que la huelga de bolis caídos fue una protesta organizada y encubierta tras una supuesta campaña "de educación vial", mientras que en este caso se trata de medidas adoptadas de forma individual por los agentes con un único objetivo: cobrar más.

Según han explicado a este diario fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (Augc) el problema de fondo es el reparto del complemento de productividad. Los criterios de distribución aún no son definitivos a pesar de que ya se han abonado las primeras mensualidades --según Augc se ha desviado a personal de oficina gran parte del dinero destinado a agentes de carretera--, pero lo cierto es que ya hay un propuesta firme de la Dirección General de la Guardia Civil que incluye hasta seis criterios de reparto.

En esa propuesta, a la que ha tenido acceso EL PERIODICO EXTREMADURA, se incluyen conceptos como la "especial disponibilidad", que supone no estar de baja médica ni ser sancionado; las horas extraordinarias; la "extraordinaria dedicación", que es hacer servicios de 24 horas; y la "especial iniciativa y dedicación", que habla de actividades de investigación, protección y servicios "de alta cualificación".

EL PUNTO POLEMICO También prevé suplementos por funciones directivas y de profesorado y por "extraordinario rendimiento". Este último punto es precisamente el que ha generado la polémica, porque se aplicará "al personal que alcance unos determinados objetivos" que fijarán los jefes de unidad y que deberán ser cuantificables.

El problema es que en el ámbito de los destacamentos de Tráfico el único objetivo cuantificable que depende de los agentes es el número de multas que se imponen, puesto que todos hacen los mismos kilómetros y las asistencias a accidentes dependen de factores externos.

Las consecuencias no se han hecho esperar, especialmente en la provincia de Badajoz, porque en la de Cáceres "el reparto de la productividad se está haciendo de forma más equitativa".

De momento los últimos datos oficiales de la DGT confirman que en el mes de enero el volumen de multas se incrementó en torno a un 25% en la región.

COMPLICACIONES Sin embargo, fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil aseguran que la situación se ha complicado en los meses de febrero y marzo, periodos en los que en determinados destacamentos --como los de Mérida, Zafra o Don Benito-- el volumen de sanciones habría aumentado un 200% con respecto al año pasado. En el caso de Mérida lo habitual era que los agentes pusieran entre 400 y 600 sanciones mensuales por las 200 ó 300 que se registraron durante la protesta del 2005. El número de multas en los meses de febrero y marzo ha rondado en Mérida las 1.200.

Un portavoz autorizado de la Augc dejó claro que su organización está "totalmente en desacuerdo" con este incremento de las denuncias, que a su juicio no se corresponde con las funciones que deben desempeñar los agentes, convertidos ahora en máquinas de poner multas . Sin embargo, Augc culpa de la situación a "la total subjetividad en el reparto de las productividades coyunturales, sobre todo en Badajoz". A esto se suma, además, "el atraso por parte del Gobierno del PSOE en la modificación del concepto de productividad coyuntural".