Los que les conocen saben que ni al juez José Castro, ni a los fiscales anticorrupción de Baleares Pedro Horrach y Joan Carrau, les tembló el pulso cuando, investigando el caso Palma Arena, descubrieron en unos registros unos convenios suscritos por el Gobierno balear y el Instituto Nóos plagados de irregularidades. Y la cantidad pagada, 2,3 millones de euros de las arcas públicas por dos conferencias, les obligó a detenerse y a revisar minuciosamente las facturas y los expedientes. No lo fueron a buscar, pero Iñaki Urdangarín se cruzó en el camino de estos tres investigadores con fama de sabuesos, que no tuvieron más opción que abrir una pieza separada y secreta e iniciar un nuevo proceso judicial, examinando con lupa qué negocios realizó el duque de Palma durante los tres años que presidió Nóos, entidad creada sin ánimo de lucro.

Por el momento, lo que han encontrado ha hecho temblar los cimientos de la Monarquía, y eso que no se ha analizado ni la mitad de la documentación que se ha interviniendo en los registros realizados en Barcelona y Valencia. La trama, según el criterio del instructor y los fiscales, no es muy complicada. Los responsables de Nóos, el yerno del Rey y su exsocio, Diego Torres, ya imputado, crearon una red societaria que facturaba al instituto. En otras palabras, que se contrataban a sí mismos. Y lo hacían con tal impunidad que toda la documentación encontrada no hace más que apuntalar la acusación contra los ya imputados y los sospechosos.

EL MÉTODO / Según el juez, a través de las empresas creadas se desviaban los fondos públicos y privados, para acabar en manos de Torres y Urdangarín. Además, las cantidades recibidas eran desproporcionadas por los servicios realizados. Y, según la justicia, los convenios firmados con las diferentes administraciones fueron irregulares porque no se convocó ningún concurso público.

A partir de las incautaciones de documentación y los testimonios, se sospecha que utilizaron Nóos para captar fondos públicos y privados, desviarlo a sociedades mercantiles, engañar al fisco y evadir capitales a paraísos fiscales. Por el momento, el caudal obtenido ronda los 17 millones de euros aportados por un centenar de clientes, atraídos por el relumbrón de contar entre sus colaboradores con un miembro de la familia real.

Todo comenzó en el verano del 2003, cuando Urdangarín coincidió con el expresidente balear Jaume Matas en una suelta de tortugas en la isla de Cabrera. El yerno del Rey le felicitó por haber arrebatado el Gobierno a la izquierda. Y pocos meses después, el duque recibía encargos para llevar el patrocinio, la web y el seguimiento en los medios del Illes Balears, el equipo ciclista de José Miguel Echávarri, del que también cobró a través de Abarca Sport. Además, percibió 2,3 millones de euros por organizar dos ediciones del Forum Illes Balears, una copia del Valencia Summit que ya había colocado al expresidente valenciano, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La Generalitat valenciana confío también en el yerno real para la organización de unos juegos europeos que no llegaron a celebrarse. En total, Nóos recaudó 3,5 millones de euros de las arcas valencianas.

La Generalitat de Catalunya, los ayuntamientos de Barcelona, Mataró y Alcalá de Henares, y la Diputación de Barcelona también facturaron con Nóos, aunque cantidades menores que, por ahora, no han engrosado el voluminoso expediente del caso.

Para acotar la causa, los investigadores han dejado de lado las aportaciones privadas, ya que ninguna empresa que pagó generosamente ha denunciado fraude. Del listado, destacan Volkswagen (1,2 millones) y Telefónica (703.000 euros), donde Urdangarín tiene, además, su actual puesto de trabajo. Pero el poder de convicción del yerno del Rey llegó al punto de que equipos de fútbol como el Villarreal le pagaron 690.000 euros por un estudio de pocas páginas plagiado de internet. El Valencia Club de Fútbol también se rindió a su poder. En el fondo, «nadie se atrevía a decir no al yerno del Rey», asegura un investigador.

Por si fuera poco, los implicados utilizaron algunas de sus empresas para evadir al menos medio millones de euros a Londres a través del paraíso fiscal de Belice. Las anotaciones incautadas en los registros apuntan la intención de elevar hasta cinco millones la cantidad evadida.

Hoy por hoy, Urdangarín no está imputado, aunque la documentación incautada hace prever que el escenario más probable es el del duque de Palma acudiendo a declarar a los juzgados de la capital balear con su abogado. De la misma manera que, hasta hoy, no se ha hallado ni un solo dato que implique a su esposa, la infanta Cristina, aunque conste como vocal de una de las empresas investigadas.