Rodríguez Ibarra planteó ayer a Zapatero su convencimiento de que "la España de las autonomías no funciona como debiera", y aseguró que el presidente del Gobierno se ha comprometido a no aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica que no sea negociado con todas las regiones y a estudiar la retirada de algunos de los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Ejecutivo de Aznar contra leyes extremeñas.

En el primero de los asuntos, señaló que Administración central y Administraciones autonómicas "van en paralelo, sin puntos de encuentro", por lo que propuso un nuevo modelo "para que los españoles vean que un Estado descentralizado es un sistema donde funcionan mejor las instituciones, no un sistema para promover enfrentamientos".

Por ello, expresó su idea de un modelo "que descentralice sin centrifugar", donde prime la cooperación, la cohesión y la solidaridad por encima de "ejes que sirvan para arrancar cosas al Gobierno". Así, se mostró dispuesto a reconocer los hechos diferenciales, "si a la región que representó se le garantiza el derecho a vivir en un nivel similar al del resto, corrigiendo desequilibrios".

En este sentido, propuso que Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón sean los "buques insignia" del nuevo modelo de relaciones entre Administraciones, "porque no están acuciadas por los hechos diferenciales, y miran a España por lo que nos une, no por lo que nos diferencia".

Financiación autonómica

Punto crucial en este nuevo modelo será la revisión del sistema de financiación. Sin embargo, Ibarra afirmó que el presidente del Gobierno se ha comprometido a que la negociación "no sea bilateral sino multilateral, de todos en conjunto", y advirtió de que si a Extremadura no le convence el sistema, no lo firmará. Un primer paso para esta negociación múltiple podría ser la conferencia de presidentes autonómicos prevista para septiembre.

El presidente de la Junta criticó, sin mencionarla, a Cataluña, desde donde se pide que el reparto de fondos se haga en función de la población, asegurando que ya se hace así en el 92% de las aportaciones estatales, y añadiendo que "no se puede decir una cosa en Madrid y otra en su región, y pedir un modelo de reparto por población, que luego no se aplica a la hora de distribuir los fondos en el propio territorio".

También cuestionó que se pida dinero al Gobierno para solventar déficits sanitarios de algunas comunidades, puesto que, explicó, no se puede negociar el déficit de una región, sino el de todas y ver qué se hace, "porque el Gobierno no es quien paga, son los presupuestos, y no es justo que unos pocos se lleven el dinero de todos, porque todos, yo también, tenemos déficits".

Retirada de recursos

Otro aspecto de las relaciones Estado-Comunidades Autónomas abordado ayer fue el de los conflictos que acaban en el Tribunal Constitucional. Sobre este asunto, Ibarra apuntó que había transmitido al presidente del Gobierno que muchos de los recursos interpuestos por el anterior Ejecutivo "no tienen sentido", y aludió a los referidos a las leyes del impuesto a la banca "que no ha hundido el sistema financiero", al tributo ecológico "con el que las eléctricas no han quebrado", al de solares "diseñado para evitar la especulación", y al de la televisión autonómica.

El presidente extremeño señaló que Zapatero se ha comprometido a estudiar la situación de estos procesos "y creo que los recursos serán retirados", a la vez que manifestó que la Junta verá la posibilidad de desistir de algunos de los planteados contra leyes estatales, y añadió que los recursos citados, "no son los únicos planteados por el Gobierno, pero sí los más significativos".

Finalmente, dentro de los nuevos aires en las relaciones entre las Administraciones, Ibarra comentó que el presidente del Gobierno le ha mostrado su voluntad de que cuando haya una cumbre internacional con algún país fronterizo, donde se vayan a tratar temas que afecten a los territorios que lindan con otro país, los presidentes autonómicos serán invitados a participar en la cumbre.

De este modo, explicó, en las próximas reuniones entre los gobiernos español y portugués, la Junta de Extremadura "y los gobiernos de otras comunidades" estarán presentes.