La sociedad portuguesa está dividida: duda seriamente de que sea necesario construir las tres líneas de ferrocarril de alta velocidad (AVE) proyectadas por su Gobierno para antes del 2014 --Madrid-Lisboa, Lisboa-Oporto y Oporto-Vigo--. El debate, que nació hace unas semanas en la esfera política, ha calado en el ámbito económico, empresarial e incluso académico, y ya ha sido completamente asumido por los ciudadanos. De hecho, las primeros sondeos de opinión sobre este tema apuntan que casi el 75% de los portugueses se muestran en contra de grandes inversiones en obras públicas dada la mala situación económica por la que atraviesa el país vecino.
Así lo constata la encuesta realizada por la empresa de estudios sociológicos Marktest para los medios lusos Radio TSF y Diário Económico. Según este trabajo, tres de cada cuatro portugueses --concretamente el 73,9%-- cree que el Gobierno que dirige el socialista José Sócrates, o el que salga de las elecciones legislativas del próximo 27 de septiembre, debe aplazar o replantearse la ejecución de los tres proyectos del AVE, así como el nuevo aeropuerto de Lisboa y el nuevo puente sobre el río Tajo. Por contra, apenas el 17,5% de los encuestados respalda estas obras y consideran que el Ejecutivo luso debe continuar adelante con ellas.
Estos resultados ponen de manifiesto el calado que ha tenido la toma de posición del Partido Social Demócrata (PSD). Manuela Ferreira Leite, líder de esta formación de centro derecha, primer partido de la oposición y ganador de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, se ha mostrado partidaria durante las últimas semanas de retrasar la ejecución de estos proyectos debido a la crisis, los problemas económicos que atraviesa el país desde hace cuatro años y la escasa rentabilidad que, a su juicio, tendrán estas obras para las arcas del Estado portugués y para la sociedad lusa. Sus argumentos, además, han sido avalados por el presidente de la República, Cavaco Silva --también del PSD--, y por una treintena de economistas y excargos públicos, entre ellos algunos antiguos miembros del Partido Socialista portugués, que firmaron un manifiesto en el que recomendaban al Gobierno luso destinar los fondos de estos proyectos a obras que tengan una incidencia más directa sobre las pequeñas y medianas empresas del país.
DEBATE ABIERTO Pero al margen de sondeos, los pronunciamientos a favor y en contra de la ejecución del AVE se suceden casi a diario. Así, ayer el exministro de Finanzas Ernani Rodrigues Lopes, ahora presidente de la Fundación Luso-Española, manifestó que la línea de alta velocidad que conectará ambos países "no es una obra necesaria en el futuro próximo". Por contra, Jorge Coelho, administrador de una de las constructoras más importantes de Portugal, Mota-Engil, y que ha ocupado la cartera de Obras Públicas con el Partido Socialista, se mostró preocupado ante la posibilidad de que puedan retrasarse las grandes inversiones en estas infraestructuras: "Puede ser trágico y pondría en riesgo el empleo de miles y miles de personas".
En esta línea, la Asociación Nacional de Empresarios de Obras Públicas de Portugal ya ha advertido que, si los proyectos del AVE o el nuevo aeropuerto de Lisboa se retrasan, las grandes constructoras podrán exigir una indemnización al Estado. "No podemos dejar que estas obras se detengan sin que nos compensen por las inversiones que hemos realizado. Ya hemos invertido muchas decenas de millones de euros, porque estamos hablando de proyectos que implican la utilización de muchos equipos y mucho tiempo", explicó la semana pasada Filipe Soares Franco, presidente de esta patronal y que también adelantó que va a pedir reuniones con el presidente de la República, con el Gobierno y con los principales partidos para cerrar un acuerdo sobre el futuro de estos proyectos y mantener las decisiones ya adoptadas.
