La economía sumergida sigue moviendo cantidades ingentes de dinero en España, en general, y en Extremadura en particular. Los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han vuelto a poner su atención en el sector inmobiliario, al que apuntan como uno de los más afectados por las operaciones monetarias no declaradas al Estado, y concretamente se centran en el mercado del arrendamiento. Según la plataforma que agrupa a estos profesionales --denominada Gestha--, siete de cada 10 viviendas que se alquilan en Extremadura se pagan en dinero negro, es decir, no tributan ante Hacienda, con el agujero presupuestario que esto origina para las arcas públicas.

Andalucía y Extremadura son, por ese orden, las comunidades autónomas con mayor número de pisos en régimen de arrendamiento no declarado. En el caso extremeño, el 71,8% de los alquileres no se formaliza ni se notifica ante el fisco. En Andalucía ese porcentaje se eleva al 73,5%, mientras que la media nacional se sitúa en el 60% de los alquileres, según el estudio publicado ayer por Gestha. "En estas dos regiones se observa que existe, tradicionalmente, un comportamiento de los propietarios hacia el autoconsumo. Es decir, se tiende a prescindir de las Administraciones a la hora de gestionar sus asuntos y negocios", apunta como primer argumento José María Mollinedo, secretario general del colectivo nacional de técnicos de Hacienda. Pero hay más. Asegura que la ausencia de una política regional de incentivos y exenciones fiscales para los inquilinos en Extremadura también explica la existencia de un mayor volumen de casos. "Si el propietario sabe que el inquilino no tiene ningún interés ni motivación por declarar el alquiler, le resulta más fácil arrendar su piso sin complicaciones y además se ahorra pagar los impuesto", agrega Mollinedo.

El mercado negro del alquiler mueve en Extremadura cifras estipuladas en varios millones de euros. Según Gestha, Hacienda ha dejado de recibir 26 millones y medio de euros anuales en la región por los arrendamientos no declarados en el periodo 2004-2006. Y eso solo teniendo en cuenta una cotización en el IRPF del 50% de los ingresos que el propietario obtiene por su arrendamiento. El otro 50% está bonificado. Es decir, el volumen de negocio que se maneja a través de los alquileres sumergidos es todavía mucho mayor. De acuerdo con estas fuentes, el fisco deja de ingresar más de 2.000 millones de euros al año en toda España.

TENDENCIA A LA BAJA Los técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que en el 2006 existían 22.417 viviendas alquiladas y no declaradas en la comunidad autónoma. Esto supone un 5,9% menos que tres años antes "a pesar del crecimiento del parque inmobiliario" durante ese periodo, en el que el sector de la construcción aún no había entrado en recesión. Mollinedo descarta que ese descenso se deba a un cambio social, a una mayor concienciación ciudadana sobre la necesidad de tributar y legalizar la situación de estos inmuebles. Por contra, apunta a la "relativa" eficacia de algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para la lucha contra el fraude.

Pero Gestha aún considera que ese esfuerzo es insuficiente. Por ello esta organización propone que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario. Concretamente, pide que se agilicen los trámites para presentar la demanda de desahucio por impago de renta y aumentar el número de juzgados para solucionar los conflictos inquilino-propietario mediante juicios rápidos.