El Tribunal de Cuentas ha abierto una nueva investigación, a instancias de la Fiscalía de este propio organismo, sobre siete irregularidades que apreció en los presupuestos de la Junta de Extremadura de 2004 y 2005, durante el mandato de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
El citado tribunal emitió un primer informe de fiscalización de 2004 y 2005, dado a conocer por su presidente, Manuel Núñez, en el Congreso de los Diputados el pasado 27 de octubre, en el que recomendaba al Gobierno extremeño mejorar los inventarios de bienes y derechos, los sistemas de contabilidad de gastos con financiación afectada y también la contratación administrativa. En este último caso, detectó 42 contratos de transporte escolar indebidamente tramitados durante 2004 y 2005. A la vista de estas irregularidades, muchas de ellas subsanadas en años posteriores, según sostiene la Junta, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas consideró que siete de ellas debía analizarlas de nuevo la Sección de Enjuiciamiento del citado organismo fiscalizador, investigación que al final se llevará a cabo.
Todos estos detalles del proceso fueron confirmados ayer por la Junta después de que el PP anunciara su intención de llegar al juzgado las citadas anomalías. El secretario general de los populares extremeños, Fernando Manzano, hizo hincapié en que, de las 105 adjudicaciones escogidas aleatoriamente por el Tribunal de Cuentas, 71 del año 2004 y 34 de 2005, solo encontró un contrato que cumplía la normativa. Uno de estos expedientes de transporte escolar fue dividido en 42 subcontratos para poder adjudicarlo "a dedo", según denunció el dirigente popular. Manzano advirtió de que algunos expedientes contaban con el pronunciamiento en contra del interventor general, luego, a su juicio, se actuó mal "a sabiendas".
El primer informe del Tribunal de Cuentas reflejaba que esos 42 expedientes de contratos de transporte escolar, adjudicados por un importe de cuatro millones de euros, fueron "indebidamente tramitados como contratos administrativos especiales". Por haberse tramitado así, prosigue el documento, "no se exigieron las preceptivas clasificaciones a los contratistas, y se admitieron garantías inferiores a las que hubieran sido procedentes". Añade que estos contratos "fueron indebidamente adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad ni concurrencia de ofertas".
La Junta de Extremadura aseguró que los reparos son "mayoritariamente formales" y "en ningún caso afectan a los principios de concurrencia, objetividad, publicidad y transparencia" a la hora de las contrataciones administrativas. Sobre las siete irregularidades que se investigan ahora, sostiene que dará explicaciones al Tribunal de Cuentas cuando se las pida.
