No solo hay diferencias entre pobres y ricos . También las hay en el seno de los partidos. Se han dado movimientos para crear frentes comunes, para defender intereses compartidos, pero, realmente, ¿qué criterios defiende cada región?.

Desde la Junta de Extremadura se habla de la necesidad de que exista un acuerdo entre todos. Para ello será necesario negociar debido a la dificultad de encajar todas las exigencias incluidas por todas las comunidades autónomas. Eso sí, el Gobierno extremeño ha puesto sobre la mesa su deseo de que se tengan en cuenta criterios como la variación de la población, la dispersión territorial o el envejecimiento demográfico como variables para el nuevo modelo de financiación autonómica.

En esa misma línea se han posicionado desde Aragón, donde además incluyen la orografía; Castilla y León, Cantabria y Asturias, que hablan de que también se contemplen los costes reales derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia y que se garantice el mantenimiento del equilibrio financiero; o Galicia, que pone como condición gozar de mayor autonomía financiera y asegurar la cohesión social.

Próximos a estos planteamientos se encuentran otras comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha. Pero en el caso de los riojanos, por ejemplo, rechazan el criterio de la dispersión geográfica, mientras que el ejecutivo manchego insisten en la mejor ponderación del coste que tiene cubrir todos los servicios en un territorio tan extenso.

Insularidad y estatutos

Incluso Andalucía, a través de su presidente, Manuel Chaves, ha respaldado las tesis del Gobierno asturiano. Aunque en este caso, el Ejecutivo andaluz insiste en que se debe respetar el contenido de su nuevo estatuto de autonomía.

Por su parte, Canarias e Islas Baleares defienden la insularidad como concepto a tener en cuenta. Quieren que se compense con mayores recursos los inconvenientes que conlleva no formar parte de la península. Pero además, exigen incluir entre los criterios demográficos el peso de la población flotante --término referido al conjunto de personas que, aún no estando oficialmente inscritas en el censo de población, residen temporal o permanentemente en un ámbito geográfico; en este caso, por ejemplo, los turistas extranjeros--.

No obstante, el Gobierno Balear ya se ha pronunciado a favor de los argumentos que se defienden desde Cataluña, Comunidad Valenciana o Madrid. Básicamente, las demandas de todos ellos pasan por reducir su aportación y que el concepto de solidaridad se limite solo a los servicios básicos. Estas regiones se sienten perjudicadas por el modelo actual y argumentan que los distintos modelos de balanzas fiscales publicados constatan que aportan al resto de las comunidades mucho más de lo que reciben desde el Estado.

Algo más desmarcada se encuentra Murcia, desde donde se demanda al Gobierno que compense la deuda acumulada con la región por el desfase entre su población actual y la utilizada para el sistema de financiación autonómica. Eso sí, ponen por delante que los ciudadanos tengan "igual acceso a todos los servicios públicos fundamentales en toda España"

País Vasco y Navarra están al margen del debate por contar con un régimen foral con concierto financiero propio.