La propuesta presentada ayer por Bruselas para la reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas es contradictoria. Por una parte aumenta el cupo de producción de tomate con derecho a ayudas y eleva en un 68% las subvenciones comunitarias. Pero por otra, desvincula estas ayudas de la producción. Es decir, que no será necesario producir tomate para acceder a las primas, lo que, a la larga, podría suponer la desaparición de parte de un sector que cuenta con unos 3.000 productores en la región y una producción, en la última campaña, de 1,2 millones de toneladas.

La propuesta de Bruselas ha motivado una gran división entre las organizaciones agrarias de la comunidad, puesto que mientras UPA-UCE cree que supondrá el desmantelamiento del sector, Asaja y Apag apoyan esta reforma. Por su parte, la Junta de Extremadura se muestra optimista, sobre todo porque confía en que finalmente se consiga un acuerdo para que España pueda adoptar un modelo en el que parte de las subvenciones sigan ligadas a la producción.

La propuesta presentada ayer por la comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, incluye en primer lugar un aumento del cupo de tomate con derecho a prima, una medida que evitará penalizaciones como las que ha sufrido el sector en los últimos años.

Más fondos Si hasta ahora España tenía un cupo de 1,23 millones de toneladas, a partir del 2008 superará los 1,9 millones. Lo mismo ocurre con las ayudas, que pasarán de 42,7 millones a 68 millones de euros. Todas estas medidas beneficiarán de forma especial a Extremadura, que concentra más del 80% de la producción de tomate de toda España.

Sin embargo, y pese a las peticiones realizadas en los últimos meses por productores, Junta y Ministerio de Agricultura, no se establecen medidas transitorias para esta campaña. Además, y mucho más importante, se desvinculan todas las ayudas de la producción, una medida que deberán aplicar todos los países de la Unión Europea.

En este sentido, el consejero de Agricultura, José Luis Quintana, reconoció que si no se modifica este punto el futuro del sector estaría en peligro, y muy especialmente las economías de las Vegas Altas, las Vegas Bajas y el Alagón. Y es que en la práctica esto supondría que un productor medio de tomate, con 15 hectáreas, cobraría al año 28.400 euros sin producir, algo que supondría, a su juicio, "pan para hoy y hambre para mañana".

Posible acuerdo Sin embargo, Quintana señaló que confía en que finalmente, y como ha ocurrido con las anteriores OCM, Bruselas permita a cada país elegir entre el desacoplamiento total o un desacoplamiento parcial. En ese caso la Junta apostaría por un nivel de acoplamiento "igual al que proponen las cooperativas", con un 40% de las ayudas vinculadas a la producción.

Con todo, tanto Quintana como el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se mostraron moderadamente satisfechos. El consejero de Agricultura reconoció que hay algunos puntos que "preocupan", aunque "no es una mala propuesta para Extremadura".

En la misma línea se pronunció Rodríguez Ibarra, que resaltó el "cupo excelente" que logra la región, lo que demuestra, dijo, que "el que resiste, gana". Sobre el desacoplamiento, admitió que abre "una situación de incógnita", puesto que ahora que hay cupo suficiente "la pregunta es si tendremos tomate".

Por otra parte, el presidente regional avanzó que para "salvar este año" una vez que se firmen los contratos entre productores e industrias la Junta dará ayudas --un total de 8 millones de euros a los que el Gobierno podría añadir otros 8 millones-- a los agricultores con un máximo de 50 hectáreas cultivadas.

Diferentes fueron las valoraciones realizadas por las organizaciones agrarias. El secretario regional UPA-UCE, Ignacio Huertas, mantuvo que "se trata de una propuesta negativa, sobre todo para el sector de la fruta fresca", puesto que los tomateros que cobren la prima sin tener que producir y decidan pasarse a este sector partirán con ventaja. "Lo que se pretende es deslegitimar las ayudas en función de los cultivos y abrir las puertas a la liberalización del campo", insistió.

Por su parte, Angel García Blanco, presidente de Asaja en Extremadura, valoró la reforma como "positiva", aunque matizó que existen diferencias entre el sector de la fruta y el de las hortalizas. Para él las medidas referidas a la fruta fresca se han quedado "totalmente cojas", ya que se apuesta por fomentar las organizaciones de productores.

Respecto al tomate, desde Asaja se mostraron "contentos" con la desvinculación de ayudas --una medida que también ha apoyado Apag-- ya que el agricultor "va a poder adaptarse a las exigencias del mercado".

Miguel Angel Gómez Cardoso, gerente de la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), afirmó que la reforma de la OCM tendrá escasa repercusión sobre el sector de la fruta, pero reconoció su preocupación ante la competencia desleal que podría provocar la llegada de los agricultores con ayudas garantizadas de otros cultivos.