Los recortes que los gobiernos de autonomías como Castilla-La Mancha, Madrid o Cataluña anuncian que quieren aplicar en la función pública han puesto sobre la mesa otra vez el debate sobre la disparidad de sistemas retributivos que existen actualmente en España para realizar el mismo trabajo, según sea en la administración central, autonómica o local.

En algunos casos, como en determinados grupos de auxiliares, los sueldos alcanzan los 1.400 euros de diferencia mensual. Los sindicatos sospechan que estas iniciativas autonómicas son la punta de lanza de recortes más amplios de la mano del futuro Gobierno del PP.

A los desequilibrios salariales hay que sumar las ayudas, complementos, pluses y compensaciones como días festivos añadidos, similares a los que ahora se están poniendo en cuestión por algunos Ejecutivos regionales y que convierten el mapa de retribuciones en un auténtico laberinto.

Del salario de un empleado público, el Estado cifra el sueldo base de cada categoría y el importe de los respectivos trienios y ni las autonomías ni los ayuntamientos pueden modificarlos. A estas cifras se añaden un complemento de destino, que tiene una aplicación diferente según la administración, y los complementos específico y de productividad, que son responsabilidad de cada administración que los paga. En estos últimos es en los que se gestan las mayores diferencias entre trabajadores.

En las negociaciones salariales que se han ido produciendo a lo largo de los años, el complemento específico ha servido a las autonomías para compensar las diferencias de precios entre comunidades, entre otros puntos. Hay incluso casos, como en Cataluña, donde los funcionarios mejor pagados tienen un salario en el que el complemento específico casi triplica al sueldo base. En cambio, en las retribuciones del personal laboral de las administraciones públicas, casi todo su salario está incluido en la base.

Aunque parece un tema menor, estas dos formas distintas de pagar muchas veces por el mismo trabajo han hecho que la diferencia retributivas no solo se dé entre comunidades, sino incluso entre personal de la misma autonomía.

Un titulado superior del grupo que sea funcionario cobra de media 46.505 euros anuales en Cataluña, el mejor pagado de media de las autonomías, y casi el doble que el mismo empleado en Cantabria (25.451). En el caso extremeño esa retribución es de 34.827 euros, casi 12.000 menos que la de un catalán y 6.000 euros inferior a lo que el Estado paga a los funcionarios de esa categoría.

En cambio, si en lugar de ser funcionario (con plaza fija después de haber superado unas oposiciones) tiene un contrato laboral, el sueldo de este mismo licenciado en Extremadura sería de 25.211 euros, el tercero más bajo de las autonomías, aunque cobra casi 4.000 euros más que un funcionario del Estado. En el lado opuesto estarían los canarios, que perciben 33.324 euros de media al año. No obstante, esta situación no es generalizable. Es posible encontrar autonomías en las que para el mismo empleo cobra más el laboral que el funcionario.

Estos ejemplos, basados en un estudio de la Unión Sindical Obrera (USO) a partir de datos oficiales, demuestran que la retribución de la función pública en España es un auténtico galimatías. Respecto a las compensaciones añadidas a la paga, que los sindicatos califican como "salario diferido" y algunos políticos como "privilegios", son muy parecidas entre regiones. El fondo de acción social, con este nombre o con otro, y que ahora quieren eliminar algunos gobiernos autonómicos, está implantado en la mayoría de regiones, con un importe que oscila entre el 0,5% y el 1% del total de masa salarial.

La revisión de los vales de comida también está en la agenda de varias autonomías. Algunas CCAA, como Navarra, pagan el servicio de guardería a los hijos de sus empleados. Otras ofrecen más cobertura sanitaria e incluso mejoras para el pago de las hipotecas.

BENEFICIOS O DERECHOS Todos estos aspectos, con la crisis como telón de fondo, están ahora en cuestión y los políticos se aferran a los recortes argumentando que los tiempos han cambiado y no es posible mantener esos beneficios sociales.

Luis Deleito, secretario general de la federación de empleados públicos de USO y autor del estudio comparativo de retribuciones, señala la otra cara de la misma moneda: "En su momento se pactaron ventajas para compensar que no subían el sueldo y ahora nos quedaremos sin lo uno ni lo otro".