Los responsables de asociaciones de inmigrantes en Extremadura consultados por este diario coinciden en destacar el carácter positivo del proceso de regularización que el Gobierno llevó a cabo el año pasado. "Pero no sólo ha beneficiado a los extranjeros", puntualiza Rachid El Quaroui, técnico de inmigración de Cáritas, "sino que supone una considerable aportación al país: la que proporcionan los nuevos cotizantes que antes formaban parte de la economía sumergida".

En cualquier caso es indudable que, en primera instancia, quienes experimentan la mejoría más tangible son los propios inmigrantes, al abandonar la condición de ilegales que hasta entonces tenían adjudicada. Para El Quaroui, el cambio se resume en pocas palabras: "Pasan de ser trabajadores explotados a ciudadanos con deberes y derechos".

Ante todo, según refieren los propios interesados, la obtención de la tarjeta de residencia proporciona una tranquilizadora sensación de seguridad. "Ahora, por ejemplo, pueden volver a sus países de origen --explica Horacio Daza, presidente de la Asociación Cacereña de Extranjeros-- sin miedo a no poder entrar de nuevo después.".

Sin embargo, no todo fue positivo en el proceso de regularización del año pasado. "Especialmente por el gran número de personas que se quedaron fuera del mismo", señala Daza, que describe como, por ejemplo, muchos inmigrantes no estaban empadronados por miedo a posibles represalias, por lo que no pudieron demostrar el año de antigüedad que se exigía.

El Quaroui indica asimismo otros puntos débiles del proceso. En primer lugar, declara, una gran parte de las ofertas de trabajo eran "ficticias", ya que fueron el resultado de acuerdos extraoficiales en los que el inmigrante pagaba a un empresario a cambio de un contrato. Por otro lado, critica que el regularizado se vea obligado a permanecer durante un año en un ámbito geográfico y laboral restringido, lo que contribuye a reducir el número de ofertas a las que el éste puede optar.

A pesar de estos peros , la mayoría de los inmigrantes valoran de forma muy positiva la iniciativa que el Estado puso en marcha en febrero del 2005 y que, según entienden, contribuye a equiparar sus derechos con los de los españoles. No obstante, recuerdan que, si bien legalmente sus condiciones laborales han mejorado, todavía hay ciertos trabajos que sólo ellos están dispuestos a llevar a cabo.