Un trabajador o pensionista de Extremadura declara a Hacienda, por termino medio, una renta anual 2.411 euros superior a la de un empresario que tributa por el sistema de módulos y 3.077 euros superior a la de un empresario que lo hace por estimación directa. Estos datos, que según técnicos de Hacienda revelan la existencia clara de un fraude fiscal en el sector empresarial, aparecen en el informe Lucha Contra el Fraude Fiscal en la Agencia Tributaria , elaborado a partir de los datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año 2007.
Según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), el estudio evidencia "claras diferencias entre las rentas declaradas por trabajadores y empresarios" y muestra que el importe medio declarado por rendimientos del trabajo asalariado fue de 13.580 euros en Extremadura en el 2007, mientras que el de los empresarios individuales extremeños que declaran sus rendimientos de actividades económicas en estimación directa fue de 10.503 euros. Además, pone de manifiesto que estos últimos incluso dan cuenta al fisco de menos dinero que los microempresarios en módulos (electricistas, taxistas...), cuyos rendimientos declarados se sitúan en 11.169 euros.
El informe muestra que si bien el diferencial entre lo declarado por los asalariados y sus empleadores creció sin interrupción entre el 2000 y el 2006, durante el 2007 se acortaron las distancias "solo gracias a las rebajas fiscales aplicadas a las rentas del trabajo, puesto que los empresarios apenas incrementaron sus ingresos declarados".
Para Francisco Alvarez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Extremadura (Uex) este fenómeno podría explicarse por la diferencia entre la forma de calcular los rendimientos de los asalariados y los empresarios. "Frente a la nómina mensual, sobre la que se aplican retenciones a cuenta --con lo que el control es casi absoluto-- y sobre la que acumulada al final (en la declaración del IRPF) tan solo se deducen los gastos de seguridad social; los rendimientos empresariales se calculan por la diferencia entre ingresos y gastos, siendo tanto unos como los otros susceptibles de modularse por parte del profesional", detalla.
FRAUDES MAS HABITUALES En ese sentido, los Técnicos de Hacienda indican, por otro lado, que algunos profesionales liberales, en ocasiones, "defraudan al fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales". "El régimen de módulos es el caldo de cultivo ideal para generar facturas falsas para grandes empresas o para otros empresarios que tributan en estimación directa de IRPF o régimen general del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), ya que el microempresario emisor de la factura no ingresará más a Hacienda, mientras que el receptor contabiliza un gasto y una cuota deducible en IVA", explican.
En la misma línea, según Gestha, algunas empresas distribuidoras venden "sin factura a los comerciantes minoristas que tributan en recargo de equivalencia del IVA porque a esos minoristas les resulta indiferente la factura al no poder deducirse sus compras como gastos". En este sentido, Alvarez apunta que "no es de extrañar" que se den este tipo de situaciones, dado que las rentas del trabajo están mucho más controladas que las empresariales.
"El fraude al fisco es una práctica extendida y no solo en España, si bien las cifras españolas de economía sumergida nos dejan siempre en mal lugar en la Unión Europea", considera el profesor de la Uex. Además, recuerda que "el fraude fiscal necesita siempre del concurso de varias personas, bien sean asalariados, empresarios o consumidores y casi siempre beneficia a todos los implicados, salvo a la Hacienda Pública que es la que no percibe los ingresos que debiera".
Los Técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria "está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal, ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo un mayor control sobre los incumplimientos fiscales de los trabajadores y pensionistas, los microempresarios y las pequeñas empresas". Según el portavoz de Gestha, Jesús Montero, "la Agencia debe desplazar la lupa del control de las rentas del trabajo y pymes para investigar los fraudes de las grandes entidades, los grandes desarrollos urbanísticos, los billetes de 500 y 200 euros o los paraísos fiscales y evitar que los ciudadanos acuñen la calificación de España como un balneario fiscal de las grandes fortunas".
