Hace apenas dos meses y medio, el presidente extremeño, José Antonio Monago, aseguró en el Parlamento (sin conocer la auditoría que desvela ahora el PP) que la situación de la radiotelevisión extremeña no era mala en comparación con las demás entes públicos audiovisuales en España, incluso destacó la gestión realizada. Ayer, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, aseguró que su partido "sospecha que la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) tiene deudas y déficit", pero resaltó la intención del Gobierno regional de "mantener el prespuesto de la corporación", que para este año es de 31 millones de euros. Sin embargo, su colega socialista Valentín García considera que "la deuda es mínima" y puso a la radiotelevisión pública extremeña como ejemplo de "austeridad, gestión y pluralismo".

Pero cómo están las cuentas de las cadenas autonómicas en España. Las últimas estimaciones de la Unión de Televisiones Comerciales de España (Uteca), la asociación en la que se integran los principales canales privados del país, aclara el panorama. Así, con datos del año 2010, la Radio Televisión Valenciana acumula una deuda de 1.122 millones de euros. Telemadrid, cerca de 250. TV3 y los demás canales públicos de la Generalitat de Cataluña arrastran un agujero de 45 millones, casi el doble que la televisión gallega y la de baleares. Y el endeudamiento de Euskadi Telebista (ETB) está estimado en 16 millones de euros. En conjunto, las cadenas autonómicas mantienen un saldo negativo superior a los 1.400 millones. Ese montante equivale a una cuarta parte del presupuesto total de la Junta de Extremadura para este año. De esa cantidad, 1,5 millones corresponderían a Canal Extremadura. Y es que solo el ente público catalán tienen un presupuesto de 500 millones, frente a los apenas 31 del extremeño.

Solo Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León carecen de una televisión pública autonómica propia. El caso más llamativo quizás sea el de Castilla y León, cuya televisión autonómica está en manos privadas mediante una concesión pública del canal.