Hace más de una década que comenzó a levantarse el mayor complejo turístico y de ocio de Extremadura y hace ya casi cinco años que el Tribunal Supremo sentenció que todo aquello tenía que derribarse. Ratificaba así un fallo previo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TJSEx) que en 2011 daba la razón a dos organizaciones ecologistas porque, entre otras cosas, Marina Isla de Valdecañas se levantó en una zona protegida, de la Red Natura 2000, en la que no se podía construir -según el fallo- por mucho que la Junta recalificara los terrenos mediante un proyecto de interés regional (PIR) que la justicia anuló.

Pero tras once años de conflicto, el resort de lujo sigue en pie (aunque no terminó de construirse) y la incertidumbre continúa en esta isla del Tajo que, a pesar de estar sentenciada, todavía mantiene la esperanza de que la piqueta no entre en Valdecañas.

El último capítulo de este culebrón urbanístico lo está terminando de escribir la Estación Biológica de Doñana. A este organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) confió el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el desenlace final. A principios del 2015, la Junta defendió la imposibilidad de la demolición y pidió una prueba pericial más, un informe técnico independiente que el alto tribunal consideró pertinente y que encargó al CSIC para conocer el impacto medioambiental que tendría devolver ese espacio a su estado inicial, a un paraje libre de ladrillo, y también el estado de ese paraje antes de la construcción porque hay dos versiones: un campo de eucaliptos convertido en basurero o un oasis para la avifauna. «Nos dijeron que ese informe tardaría al menos dos años pero ya llevamos casi tres y los propietarios quieren saber cuanto antes qué va a pasar», explica Luis Díaz-Ambrona, el abogado que representa a dos de las tres comunidades de propietarios del complejo turístico (a la tercera la representa junto a otro despacho de Madrid). Entre todas suman unos 300 propietarios.

EL ÚLTIMO ESCRITO

Por eso hace apenas 20 días este letrado requirió al TSJEx celeridad para resolver la situación de Marina Isla de Valdecañas cuanto antes y el alto tribunal preguntó al CSIC por el estado del encargo y la posible fecha de entrega. La respuesta llegó solo dos días después, el pasado 17 de octubre, y revela que el desenlace de Marina Isla de Valdecañas podría no hacerse esperar mucho tiempo más.

El ente investigador prevé concluir el informe técnico antes de que termine 2018, salvo que surjan imprevistos, advierte. «Los integrantes de la comisión designada se encuentran plenamente dedicados a la elaboración del informe con la intención de proceder a la entrega del mismo lo antes posible», señala el escrito firmado por el Secretario General del CSIC.

En su respuesta, además, explica que los primeros recursos para trabajar en este informe no estuvieron a disposición de la comisión desginada hasta el 6 de junio de 2016 (aunque el informe se encargó en un auto con fecha de marzo del 2015) y han tenido que analizar dos ciclos biológicos centrados, principalmente, en la estación reproductora de las aves terrestres (que tiene lugar en primavera) y la invernada de aves acuáticas (que se produce en las estaciones de otoño-invierno). Por ello, el estudio requería como mínimo dos años de recogida de datos (que terminó el pasado mes de junio) y ahora se está analizando toda la información, «hallándose en la actualidad en la fase de interpretación y redacción, y encontrándose el 40% del dictamen ya redactado y el resto muy avanzado», explican desde el CSIC.

La respuesta a la situación de la isla de Valdecañas está, por tanto, escribiéndose y aunque ese informe aclarará muchas dudas parece que no será totalmente determinante, coinciden las partes enfrentadas. «El dictamen pericial viene a informar sobre determinadas consideraciones que hizo la Junta por las que no podía ejecutar el derribo, pero luego ya veremos qué hace el TSJEx», explica José Mª Trillo, abogado de Ecologistas en Acción. «Una pericial es una ayuda pero el tribunal no puede dejar el asunto en manos del CSIC», añade Mª Ángeles López, abogada de Adenex.

Una vez que ese estudio llegue al tribunal, se remitirá a las partes y habrá un plazo para formular alegaciones (bien de forma oral en sala o por escrito) antes de que el TSJEX dicte una resolución final. Y eso, estiman, podría ser entre uno y seis meses después de recibir el informe pericial, es decir, a principios o mediados de 2019. El tiempo dependerá básicamente del empeño del propio tribunal: «Por lo que ha demostrado hasta ahora quiere que se alcance un acuerdo entre las partes y creo que volverá a intentarlo», apunta la letrada de Adenex.

Y es que con un acuerdo se podría resolver no solo el tema de la demolición o no del complejo, sino también otros dos procedimientos judiciales iniciados por los ecologistas que están, de momento, paralizados a la espera de esta resolución. Se trata, por un lado, de la anulación del Plan General de El Gordo y Berrocalejo al que se incorporó el PIR anulado por el Supremo; y por otro lado, otro contencioso por la modificación de la ley de suelo aprobada por la Asamblea de Extremadura poco después de conocer la primera sentencia del TSJEx para dar cobertura legal al proyecto.

EL PESO ECONÓMICO

El juez dejó claro que su decisión estaría basada principalmente en cuestiones medioambientales pero este conflicto tiene también una clave económica. Y no solo por el dinero que costaría la demolición -la Junta señala que supondría 35 millones de euros y Adenex apunta que sería mucho inferior- sino por las indemnizaciones que podrían derivarse. «Si finalmente hubiera que devolver esos terrenos al estado que había antes de hacerse la promoción, los propietarios tendrían que ser indemnizados y también la empresa promotora porque todo ese proyecto se ha llevado a cabo con todas las autorizaciones, licencias, permisos, informes medioambientales... necesarios. Se ha cumplido la ley a rajatabla, todo ha sido aprobado por la Junta y los ayuntamientos y si eso hay que tirarlo se generarían unas indemnizaciones muy importantes por responsabilidad patrimonial de la Junta de Extremadura, que fue quién luchó por la aprobación de ese PIR. Los propietarios y el promotor han actuado con la absoluta convicción de que todo estaba en regla», defiende Díaz-Ambrona.

Nada tienen que ver las consideraciones de los ecologistas, que cuestionan el derecho que tendrían propietarios y el promotor a ser recompensados. Aseguran que está acreditado que compraron esas viviendas sabiendo la existencia de un procedimiento judicial que podría conllevar la nulidad de la urbanización, por lo que esa condición de compradores de buena fe para nosotros no existe», explica José María Trillo. Y añade Mª Ángeles López: «como existía temor e inseguridad, en los contratos de compraventa figuraba que la empresa tenía un seguro para los propietarios en caso de demolición. Y la situación del promotor también sería muy discutible porque debe conocer la legalidad».

POSTURAS ANTAGÓNICAS

El consenso, por tanto, se antoja complicado en este proceso donde hay visiones e intereses totalmente contrapuestos. Para el abogado Díaz-Ambrona la mejor solución es mantener el complejo en su estado actual e incluso, ejecutar la segunda fase que quedó paralizada. «Llevamos mucho tiempo esperando con los consiguientes perjuicios para la promotora y para las personas que tienen allí una propiedad que ahora mismo no tiene casi valor en el mercado; hay inseguridad y preocupación», reconoce.

Esas mismas sensaciones se respiran también en los dos municipios próximos a la isla: El Gordo y Berrocalejo, también defensores del complejo. Además de los impuestos que supone para estos consistorios, «hay mucha gente de la zona que está trabajando allí. Aquí se ha abierto un bar, un tienda y una empresa de jardinería que tiene una decena de trabajadores; lógicamente estamos preocupados porque el derribo supondría la pérdida de empleo pero no nos queda otra que esperar y acatar lo que diga la justicia. Estamos deseando que salga ya la decisión final, lo que pedimos es que al menos no nos quiten lo que ya está hecho», apunta Elías Correas, el alcade (PP) de El Gordo, un municipio de 375 vecinos y 37 parados.

«Nosotros lo que queremos es que se ejecute la sentencia y eso hay que hacerlo, por eso ese informe del CSIC habría estado bien en su momento para conocer cómo hacer mejor el derribo pero no para dictar, es una dilación en el tiempo», apunta José María González, miembro de Adenex.

Es la posición que también defiende Ecologistas en Acción. «Ahora no se está viendo si el complejo es legal o no, sino la situación ambiental en la zona, si el informe concluye que la urbanización no ha generado daños podría condicionar la ejecución de la sentencia pero entendemos que más allá de eso hay una cuestión de legalidad ordinaria sobre la que ya hay una sentencia bastante clara y entendemos que este último proceso no era necesario, ya que lo único que ha hecho ha sido dilatar el derribo», defiende José María Trillo.

Este abogado recuerda que para la construcción del resort turístico «no se siguió el procedimiento que había que seguir, no se justificó su utilidad pública en ningún momento... y todo eso ya está acreditado», y sospecha que la petición de celeridad ahora de las comunidades de propietarios es una estrategia de defensa: «se están posicionando en el papel de afectados».

Por eso ambas organizaciones siguen reclamando que se cumplan las sentencias. Aunque no se descarta una posible alternativa: «si en la zona afectada no se puede realizar la demolición habría que tendrían que ofrecernos alguna forma de recompensa como destinar el dinero que se emplearía en la demolición en proteger otros espacios o en recuperar flora y fauna, indemnizaciones económicas... pero las sentencias hay que cumplirlas», valora la abogada de Adenex. Muchas incógnitas pendientes once años después.