Nos proponemos llegar en los próximos años a los 500.000 ocupados en Extremadura, creando 60.000 nuevos empleos en esta legislatura". 27 de mayo del 2007: Guillermo Fernández Vara gana las elecciones de Extremadura con esta promesa estrella. 73.373 extremeños estaban en paro, según el Ministerio de Trabajo. Hoy, tres años después, no solo no ha podido cumplir ese compromiso --lo que ya reconoció al año de mandato--, sino que las listas del desempleo han aumentado en casi 42.000 personas (un 57% más).

Es solo una de las consecuencias de la grave crisis que afecta no solo a la región, sino a todo el mundo. Desde que Vara preside la Junta, la economía --y, con ella, la situación de muchos ciudadanos-- solo ha ido a peor. Está todo patas arriba y lo que parecía un camino más o menos recto se ha convertido en un laberinto por la crisis; en tres años de vía crucis.

La región está aguantando mejor el envite de la mala situación económica que el conjunto del país, como demuestra la menor caída del PIB (-2,4% en el 2009, un punto menos que España) o el menor incremento del paro --un 99% desde el segundo trimestre del 2007 frente al 162% nacional, según la Encuesta de Población Activa (EPA)--. Sin embargo, la desfavorable coyuntura actual rompe la buena senda de crecimiento que había registrado la comunidad en los últimos años, que la llevó el ejercicio pasado a dejar de ser ´región objetivo 1´ de la UE --prioritaria por no alcanzar el 75% del PIB de la Unión--, si bien seguirá recibiendo fondos como tal hasta el 2013.

Ante este panorama no ha quedado otra que redefinir metas. Empezando por la prioridad, el empleo, donde se ha sustituido el objetivo de crecer por el de frenar la destrucción (se ha pasado de 412.000 ocupados en el segundo trimestre del 2007 a 372.100 a principios de este año y hay el doble de parados, 114.000, según la EPA). Así lo admiten los agentes sociales y económicos, que al poco de comenzar la legislatura firmaron la Declaración por el Diálogo Social --una de las señas de identidad del gobierno de Vara-- y que en marzo del 2008 firmaron el Pacto por el Fomento y la Calidad del Empleo, que ahora está en revisión.

GRAVEDAD INESPERADA "Cuando se firmó este acuerdo, aún no se conocía la gravedad de la crisis, que ha sido mucho mayor de lo que todos pensamos" advierte Juan Manuel Arribas, secretario de la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (Creex). Por tanto, las medidas se están replanteando para dirigirlas a mantener el empleo, prioridad absoluta en un momento en que la cifra de ocupados se ha reducido casi un 10% tanto en España como a nivel regional, mientras que el paro se ha doblado en la región y ha subido nada menos que un 162% a nivel nacional.

También UGT y CCOO confirman esa reconsideración de las políticas de empleo en la región, que en todo caso recuerdan que solo pueden ser "activas" (o sea, para incentivar la contratación y la formación), ya que el resto dependen del Gobierno central. Tanto los sindicatos como la patronal extremeña echan en falta reformas más contundentes, entre las que Arribas cita la reforma laboral y la del sistema financiero.

Precisamente la falta de crédito es una de las consecuencias de la crisis más denunciadas y sufridas por los ciudadanos, tanto a nivel regional como en el conjunto del país. Y aunque el Ejecutivo extremeño inició su mandato con la firma de un convenio con las entidades bancarias que pretendía poner a disposición de los empresarios de la región más de 4.200 millones de euros (compromiso electoral de Vara) y, posteriormente, a este se han sumado otros muchos acuerdos, incluidos algunos con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), "la realidad es que la financiación no llega", denuncia Arribas. Un revés más.

En este sentido, la Junta planteó el año pasado la posibilidad de crear un Instituto de Finanzas regional, para respaldar a las empresas con sus activos, pero al final lo descartó por la falta de rentabilidad y planea abrir esta opción a partir de la reestructuración de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex). Esta última es otra de las promesas del presidente, que además se ha visto impulsada por la necesidad de rediseñar también el sector público en la región debido a la crisis.

Tal es la influencia de la situación económica en la gestión de la Administración regional, que su máximo responsable decidió en febrero recortar un 30% de los altos cargos entre este año y el próximo, así como reducir las