La aprobación ayer por el Consejo de Gobierno del reglamento que desarrolla la Ley de Calidad del Suministro Eléctrico permitirá, a partir de su publicación en el DOE en breves fechas, que los usuarios puedan reclamar indemnizaciones a las compañías eléctricas por los apagones.

Así, en el caso de que haya un corte de luz de más de una hora, y la compañía no pueda acogerse a ninguno de los supuestos que la eximen de responsabilidad --daños causados por terceros, catástrofe natural o interrupción de suministro autorizada por la Administración--, el usuario afectado verá cómo se refleja en su factura mensual una rebaja del 20%.

Si el apagón se prolonga, la rebaja se incrementará en un 2% por cada hora añadida. Esta reducción en la factura tendrá que aplicarla de oficio la eléctrica y hacerla efectiva en el plazo máximo de tres meses, exponiéndose, en caso contrario, a una multa de hasta 60.000 euros.

Según aclaró el portavoz de la Junta, Manuel Amigo, la compensación que marca esta norma extremeña es independiente de las indemnizaciones que pueda exigir el usuario por los daños que le hubieran causado las deficiencias del suministro.

CALIDAD Por otro lado, si se producen cortes o caídas de tensión que duren más de tres minutos, las compañías deberán informar a la Administración, que impondrá las medidas necesarias para garantizar la calidad del suministro.

En este caso, el incumplimiento de las inversiones para mejorar el servicio puede acarrear multas de hasta 600.000 euros, o de hasta tres millones si existe reiteración.

Para garantizarse el cobro de las multas por éstas u otras cuestiones recogidas en el capítulo de infracciones, la Junta obliga a que las eléctricas depositen anualmente una fianza, que también se emplearía en subsanar los daños que provoque la mala calidad del suministro. La fianza supondrá el 1% de la facturación total, lo que equivale a unos tres millones por año.

La aplicación del reglamento culmina el proceso que se abrió con la aprobación de la ley hace dos años, y cuya entrada en vigor se vio interrumpida al plantear el Gobierno central un recurso de inconstitucionalidad que mantuvo paralizada la normativa durante seis meses.