La represión policial para tratar de apuntillar, a ojos del mundo, un referéndum en Cataluña que llegaba al 1-O en coma profundo ha colocado en el sector de indignados con el Gobierno a una parte de los que, hasta el sábado, apoyaban al Ejecutivo aunque fuera con tibieza. Pero es poco esperable que haya ruptura en el bloque constitucionalista en estos momentos de máxima tensión, después de que Carles Puigdemont haya abierto oficialmente la puerta a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Se apuesta por preparar al Estado desde ya para el nuevo desafío. Y Rajoy ya había adelantado a varios interlocutores políticos que si los independentistas se lanzaban a proclamar la independencia, respuestas de alto voltaje como la aplicación del artículo 155 de la Constitución estarían sobre la mesa.

Tampoco se descarta el uso de otra vía legal al alcance del Gobierno para poder tomar, coyunturalmente, las riendas de Cataluña: la que ofrece la Ley de Seguridad Nacional, pactada en origen por conservadores y socialistas, lo que en principio la haría más digerible para los del puño y la rosa, a criterio del PP.

Ha quedado claro que al PSOE le incomoda llegar a la suspensión de competencias prevista en la Carta Magna.