Sin alardear de lo que cree "una obligación moral colectiva", el presidente expuso que el Gobierno tiene un "contacto permanente" con las víctimas; ha atendido a las familias de los 192 muertos y a más de 1.400 heridos; ha pagado 50 millones de euros en indemnizaciones; ha reconocido pensiones extraordinarias; y ha otorgado a los heridos y familiares de los fallecidos 130 nacionalidades y 900 permisos de residencia.
Tras asegurar que las fuerzas de seguridad han investigado el 11-M con eficacia, "al margen de contadas excepciones", detalló que se han practicado 70 detenciones ligadas a la masacre y 42 ligadas a la amenaza islamista; se han analizado 25.000 evidencias y efectos, junto a 1.300 huellas dactilares y 80 perfiles genéticos; se han efectuado 80 inspecciones; y se han enviado 100 informes a la justicia.
Zapatero recordó que, tras el 11-M, las fuerzas de seguridad han fichado a 450 agentes y a 40 intérpretes de árabe. En el 2005, 1.600 agentes se formarán en prevención nuclear y química.
