Los especialistas aseguran que no hay nada nuevo en los delitos informáticos y que se trata sólo de traslaciones de delitos de toda la vida a un nuevo medio. Es decir, antes de que este tipo de actividades relacionadas con las nuevas tecnologías causaran una especie de alarma social, los juristas recuerdan que ya existía una legislación clara que evitaba los actos de estafa, espionaje, violación de privacidad o injurias.

"Antes se hacía de una forma y ahora se hace de otra, no es que haya una delincuencia distinta, es que se hace otro uso, el delito se ha ido adaptando a las nuevas tecnologías", señala el abogado cacereño Juan María Expósito, quien asegura que el crecimiento de este tipo de delitos ha ido en paralelo con la mayor incidencia tecnológica en la sociedad.

Pero es cierto que las nuevas tecnologías avanzan más rápido que la ley y en algunos ámbitos existe una falta de regulación legal que puede dar origen a problemas. "Creo que existen dos problemas fundamentales, los derechos de autor en cuanto a compartir archivos y el espacio de indefinición legal que existe. Como ejemplo, para que la policía rastree la red no se necesita una autorización como la que se precisa para intervenir un teléfono. No hay una regulación, como se ha hecho con otras cosas, como la vigilancia por cámaras en los espacios públicos", advierte Expósito.

En el otro lado, la policía sostiene que todos los medios para investigar estos delitos son pocos. Ante un ataque a la intimidad lo primero que se debe hacer es denunciar ante el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil o a la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. El siguiente paso es no borrar ninguna prueba porque facilitará el rastreo a las fuerzas de seguridad.

No obstante, las investigaciones suelen ser largas y complicadas. Los investigadores aseguran que se encuentran con un importante problema a la hora de desarrollar su trabajo y es la falta de colaboración judicial por la desinformación que existe actualmente.

Desde la Guardia Civil aseguran que es muy difícil perseguir estos delitos, a lo que se une, insisten, el escaso personal especializado con el que cuentan los grupos de investigación de los cuerpos de seguridad españoles.

En lo que insisten todos es en el incremento de denuncias anónimas que han ayudado a emprender diversas investigaciones, algunas con resultados muy importantes.