La pela sigue siendo la pela . Sanidad, Educación, Justicia... Hay pocos ámbitos de la función pública en los que las reivindicaciones salariales no sean uno de los principales caballos de batalla de los representantes sindicales. De hecho, fue el asunto que desencadenó la huelga de funcionarios de Justicia que durante varios meses ha tenido paralizados los juzgados a principios de año.

Cuatro meses después de la resolución de ese conflicto, que se saldó con el compromiso del Gobierno central de incrementar paulatinamente los salarios para acercarlos a los de los funcionarios de las comunidades autónomas que tienen asumidas las competencias en materia de Justicia, otros colectivos han tomado nota de la efectividad de esta forma de presión. Concretamente se trata de la Policía Nacional.

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Unión Federal de la Policía (UFP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han unido sus fuerzas para reivindicar un incremento de los sueldos que perciben los agentes. Según la información facilitada por CEP de Extremadura, se sienten marginados respecto a las policías autonómicas. "No creemos que sea justo que por hacer el mismo trabajo perciban más de 10.000 euros anuales más que nosotros", apuntan desde esta organización.

Las tablas que manejan estas organizaciones apuntan que existe una brecha de entre 13.000 y 18.000 euros anuales de diferencia entre lo que cobra un policía nacional en Extremadura, Castilla-La Mancha o incluso Cataluña respecto a un mosso de esquadra o un ertzainza --en función de las escalas de mando--.

Pero es más, denuncian que estas diferencias retributivas se han duplicado en los últimos años. En el 2005, la diferencia salarial entre un mando de la escala superior --los que tienen mayores sueldos-- de la Policía Nacional y de una policía autonómica era de algo más de 7.600 euros.

Sin servicios extras

Antes la negativa del Ministerio del Interior a acceder a sus revindicaciones, las organizaciones policiales pidieron a sus afiliados que dejasen de realizar los servicios extraordinarios, es decir, las horas extras con las que se reforzaba la vigilancia en los mercados, en las instalaciones deportivas o en las zonas comerciales. Actualmente, la instrucción es no cubrir esos servicios únicamente los miércoles y los jueves. Pero los sindicatos están dispuestos a llegar más lejos. "¿Qué ocurriría si nosotros nos plantamos en una huelga como la de los funcionarios de Justicia? A lo mejor tenemos que llegar a eso", indican desde CEP.