Se ha publicado la noticia que al ex presidente de Francia, Jacques Chirac, se le ha juzgado y declarado culpable del delito de malversación de fondos públicos, y abuso de confianza en puestos de trabajo ficticio creados en el Ayuntamiento de París.

También a otro presidente, el de Finlandia, al que se le juzgó casi por lo mismo. Tenemos nosotros lo mismo en España, solo que con acompañamiento de sus ministros, y presidentes de autonomías, como Bono y Barreda, por ejemplo, alcaldes, como Tomás Gómez, otro ejemplo, y no se quien muchos más. Presuntamente, en la malversación de fondos públicos, es notorio lo que ha hecho Rodríguez y sus ministros, con subvenciones y con la forma de regalar el dinero a asociaciones sin pies ni cabeza, y sin saber a ciencia cierta qué eran.

En cuanto a la creación de puestos de trabajo, solo, solamente con mirar a Andalucía, los que se han creado allí en tiempos de Chaves y su sucesor Griñán, es para pedir explicaciones sobre ello, y sobre el enriquecimiento super rápido de alguno que está en el punto de mira de la ciudadanía, y el supuesto cobro de comisiones, se debían mirar con una lupa más potente.

Es hora que la Justicia mueva la espada que sujeta en su mano sobre todos estos gobernantes que hemos tenido en casi ocho años, y aplique la Ley, con toda su energía para estos personajes que han hundido a España. Esperamos, los españoles, que este asunto no quede impune y que, si se demuestra que son hechos punibles se lleven su castigo, que, por otra parte, ellos se lo habrán buscado creyendo que amplia es Castilla. Sí, lo es, pero no para eso. Rodríguez ha incurrido en estas responsabilidades: en la política, por su conocida incompetencia e ineptitud; en la económica, porque una persona que ha recibido una herencia envidiable, y la despilfarra en casi ocho años, y que no se puede pagar dada su dimensión y con los CINCO MILLLONES DE PARADOS, y las responsabilidades penales que se le debiera exigir, es mejor ir olvidando esto, pero no se le puede perdonar el mal que nos ha hecho.

El artículo 102 de la Constitución dice bien claro: "La responsabilidad criminal del presidente y demás miembros del Gobierno, será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo", asímismo, en el Código Penal, arts 290 al 297, se especifica para los delitos societarios, para quienes administren deslealmente los bienes y patrimonios ajenos, es decir para los políticos que contraigan gastos sin estar presupuestados, que aumenten plantillas de empleados públicos indebidamente, o que creen entidades mercantiles que dependan de la Administración Publica, porque sí. Hay otros delitos de prevaricación administrativa y de nombramientos ilegales de funcionarios públicos, pero es difícil de concretar, aunque en los arts. 404 al 406 del Código Penal, se especifican bien. Confiemos en que la Justicia sepa desarrollar su cometido y tome en consideración lo que han hecho todos los que han participado en este hundimiento de España.