Los países de la Unión Europea han dado luz verde a la puesta en marcha de su misión civil en Kosovo, con la que pretenden contribuir a la estabilización del territorio en la nueva etapa que se avecina, informaron hoy fuentes diplomáticas. Ningún país ha roto el "procedimiento de silencio" -que vencía esta madrugada- abierto para la aprobación tácita del plan operativo de la misión, cuyos primeros equipos llegarán a Kosovo en las próximas semanas.
La puesta en marcha formal de esta misión se produce la víspera de la esperada declaración unilateral de independencia de la provincia serbia de mayoría albanesa. La misión "Eulex Kosovo" es la operación civil más importante de las emprendidas hasta ahora por la UE como parte de su política de seguridad y defensa (PESD).
Cerca de 2.000 expertos, entre policías, jueces, fiscales y agentes aduaneros principalmente, procedentes de todos los Estados miembros salvo Malta, se desplegarán en el territorio entre finales de febrero y el mes de junio, con el mandato de asesorar a las autoridades kosovares en la construcción de un Kosovo "democrático, estable y multiétnico". Los europeos ayudarán fundamentalmente en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el funcionamiento de la justicia y las aduanas y el mantenimiento del orden público.
La "acción común" en la que se basa el mandato de la misión precisa que las autoridades de Kosovo son "las creadas sobre la base de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU" sin ninguna referencia a un estado independiente.
Algunos países europeos habían expresado sus dudas sobre dicha base legal, pero el proceso jurídico para la puesta en marcha de la misión, que concluyó el pasado 4 de febrero, no fue rechazado finalmente por ningún Estado miembro, gracias a la abstención de Chipre.
En su componente operativo la misión estará dirigida por el general francés Yves de Kermabon, mientras que la autoridad política la ejercerá el representante especial de la UE, el holandés Pieter Feith. La UE ha aprobado un presupuesto de 205 millones de euros para el primer año y medio de la operación, y está prevista una revisión cada seis meses.
