El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz comenzó el pasado jueves, 10 de febrero, la instrucción penal contra el rector de la universidad extremeña, Francisco Duque. El representante de la institución académica debe convencer al juez de que no existieron indicios racionales de criminalidad cuando cesó a la antigua jefa del área jurídica de la universidad, Julia Durán. De lo contrario, se enfrentará a un juicio oral que le podría costar su cargo como rector en caso de ser acusado de un delito de prevaricación, tal y como sostiene la parte querellante. De hecho, si en un posible juicio se demostrara que ha existido prevaricación, Francisco Duque se enfrentaría a una pena de entre siete y diez años de inhabilitación, según han indicado distintas fuentes jurídicas a este periódico.
No obstante, también cabe la posibilidad de que el juez considere que no hay indicios suficientes para iniciar un juicio oral y archive el caso. Es decir, que entienda que el rector actuó de acuerdo con lo que creía ajustado a derecho al expulsar de su puesto a Julia Durán.
Ni el rector ni ningún otro representante de la Uex han querido hacer declaración alguna respecto a este caso.
ANTECEDENTES
Julia Durán ya cuenta con una sentencia favorable a sus intereses del Tribunal Contencioso Administrativo que señala su caso como despido improcedente. Esta resolución judicial, fechada el 27 de diciembre, ha sido recurrida por la Universidad de Extremadura ante el Tribunal Superior de Justicia.
El abogado de la parte querellante, José Antonio Romero Porro, aseguró que su defendida se ratificó el jueves en su declaración ante el juez de instrucción en todo lo dicho y presentado como prueba en el contencioso administrativo. Romero Porro indicó que la intención de su defendida no es la consecución de una sentencia condenatoria ni "indemnización de ningún tipo", sino la restitución en su puesto como funcionaria de la Uex, además de "restablecer el honor mancillado de una persona expulsada de la universidad".
El puesto de Julia Durán como jefa del área jurídica fue ocupado por Luciano Cordero, hoy gerente de la institución académica.
